Caen alcaldes y regidores en Chiapas: Congreso desafuera a funcionarios ligados a presuntos actos de corrupción
Bernardino ToscanoIA/muralchIApas.com
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 de mayo de 2026 (muralchIApas.com).- El poder político en Chiapas comenzó a cimbrarse. En una sesión extraordinaria cargada de tensión, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó el desafuero y separación del cargo de la alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López, luego de que la Fiscalía General del Estado de Chiapas ejecutara una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de corrupción y extorsión.
La caída de la ahora ex presidenta municipal ocurre tras las acusaciones relacionadas con presuntos actos cometidos en agravio de la empresa Grupo Avimarca S.A. de C.V., situación que terminó por detonar una crisis política en ese municipio de la región Centro de Chiapas.
La decisión legislativa dejó claro que el caso ya no era solamente judicial, sino también político. El Congreso actuó de inmediato para removerla del cargo y designar a Benérita Vela Avendaño como nueva alcaldesa, intentando contener el desgaste institucional y evitar un vacío de poder.
Pero el golpe político no quedó ahí.
En el mismo paquete de decisiones, diputadas y diputados también avalaron la separación del cargo de integrantes del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, donde la Fiscalía estatal mantiene abiertas investigaciones y órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales señalados por presuntos actos de corrupción.
Entre los removidos destacan la síndica municipal Elsa Ruiz Fernández y varios regidores, acusados de hechos presuntamente cometidos en agravio de una ciudadana del municipio.
El mensaje político enviado desde el Congreso y la Fiscalía es contundente: en Chiapas comenzó una nueva etapa donde alcaldes, síndicos y regidores podrían enfrentar consecuencias penales y políticas si son vinculados a actos de corrupción.
La ofensiva judicial también exhibe las fracturas y disputas internas dentro de grupos políticos municipales que durante años operaron con amplios márgenes de control territorial y administrativo.
Mientras tanto, en los pasillos políticos del estado, el caso ya es interpretado como una señal de endurecimiento institucional y una advertencia para presidentes municipales y funcionarios locales que aún mantienen prácticas cuestionadas en el manejo del poder público y los recursos municipales.
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