* Agua espumosa brota en los alrededores del basurero de Tuxtla Gutiérrez. Habitantes de ejidos aledaños denuncian que el agua está contaminada. Veolia niega las acusaciones.
Diego Legrand
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / 17.08.2025 01:25:00
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de agosto de 2025.– Cuando el agua llega al predio de Héctor Montecinos, ya viene con un color ocre y acarrea espuma, como si hubiera sido lavada con jabón. Pero el arroyo tóxico sigue un camino en el que no hay lavaderos ni vertederos industriales. Baja directo de un cerro en cuya cima está el antiguo tiradero de basura y el actual relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.
A unos 19 kilómetros del centro de la capital chiapaneca se compactan y entierran 610 toneladas de basura que producen a diario sus más de 848 mil habitantes. Un modelo “exitoso” presumido en la página web de la multinacional francesa Veolia –un gigante de la gestión de residuos y aguas–, al que sus vecinos denuncian desde hace casi 20 años. Cansado de repetir la misma historia, Héctor reclama junto a un grupo de vecinos inconformes:
“Llevamos más de 18 años con esta problemática de contaminación. [...] Este cauce se encuentra con el río Sabinal. El Sabinal se va a otro arroyo más grande que es el Boquerón, luego se convierte en el río Suchiapa, luego en río Santo Domingo, luego por último desemboca en las aguas del río Grijalva, donde se encuentra la planta potabilizadora de Tuxtla Gutiérrez. Y eso es lo que nos envían a nuestras casas con trazas de metales pesados, lo que contiene esta agua”.
En las fotos satelitales tomadas por Google Maps, el relleno sanitario, construido en 2006 para reemplazar el tiradero a cielo abierto a unos metros, se ve como un gran cuadrado rodeado de dos pequeñas fosas rectangulares en las que se vierten los “lixiviados”: líquidos formados por los residuos orgánicos que escurren de la basura comprimida en el relleno sanitario manejado por Veolia.
Es el centro de un ballet bien organizado al que acuden los camiones de la empresa para verter nuestros desechos. Un gran avance comparado al sitio anterior en el que se aventaba la basura sin precaución alguna. Pero es una visión engañosa, advierte Montecinos, dueño del predio aledaño San Martín Mujular, un terreno de 182 hectáreas invadido por la maleza, que heredó y en donde yace un manantial contaminado que solía alimentar a los ranchos situados en la parte baja del cerro, por donde fluye ahora el agua color ocre.
Antes de que se instalara, los habitantes de la zona consumían el agua que brotaba cristalina sin problema. Incluso las pruebas hechas por el laboratorio ABC en el terreno de Montecinos, a las que tuvo acceso DOMINGA, mostraban una ausencia de contaminación. Hasta que en 2010, los vecinos de San Martín Mujular y del ejido Copoya –unas 4 mil 500 almas a unos 15 kilómetros de allí–, comenzaron a notar un cambio, el agua se volvió turbia, “casi negra, como el color de la Coca-Cola, con olor fétido”.
La preocupación fue creciendo cuando en los siguientes estudios en San Martín Mujular y en los ejidos de Copoya y Emiliano Zapata, comenzaron a aparecer trazas de metales pesados que no se veían antes: cromo, aluminio, plomo, mercurio. Comenzaron a morir vacas y becerros y también limoneros y guayaberos, agrega Rubelio Gutiérrez, uno de los vecinos que acompaña a Montesinos
Viene con camisa de cuadros y una gorra que lo protege del inclemente sol. Este hombre, que vive en la zona desde que el agua era clara y se compartía con los “ranchitos de abajo”, como el suyo, a lo largo del arroyo, es parte de la tropa que se formó el 25 de junio de 2025 para visitar el predio de Héctor Montesinos.
Aún en los estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua en el pozo de Emiliano Zapata en 2019, se halló una cantidad de heces muy superior a la norma, así como trazas de cromo por encima de los límites autorizados y rastros de otros metales pesados. Los mismos aparecen nuevamente, en pequeñas cantidades, en 2021 en un estudio encargado por Veolia a un laboratorio privado a partir de muestras tomadas en el pozo de entrada al ejido Emiliano Zapata, aguas arriba, y el pozo platanal, aguas abajo del relleno sanitario.
Las primeras sospechas de que el relleno sanitario contaminó el agua
Montecinos y Gutiérrez vienen con un veterinario que siembra mangos, un expeón de hablar lento y mascado que trabajó con el papá de Montecinos, un abogado recién salido de la oficina y un italiano de bigote grueso que se enamoró de la región. El andar es complejo en medio de la maleza y las rocas que invaden el lugar, pero sirve para confirmar que en todo San Martín Mujular se observan charcos y arroyos de colores distintos, del verde marrón a un rojo cobrizo.
“Antes estaba peor”, agrega Gutiérrez con resignación. “Ahorita porque no está corriendo el agua no se ve tanto, pero cuando corre, es ‘agua sangre’ cuando se estanca. Rojo, rojo. Le voy a hablar claro: ya esta agüita no nos sirve, el ganado se murió con ella”. Hoy los habitantes que no se han ido de la zona aledaña sobreviven con agua de pipas vienen de la ciudad para su consumo y cultivo. Ya no usan los pozos porque el subsuelo está contaminado, aseguran.
Lo que podía parecer en un inicio una disputa vecinal escaló a niveles insospechados cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso y emitió en 2019 una medida cautelar en defensa de los mil 500 habitantes del ejido Emiliano Zapata. Uno de los poblados cercanos, de escasos recursos, en los que existe una inusual tasa de muertes por cánceres que los ribereños asocian a la contaminación del agua, y posiblemente al tiradero a cielo abierto clausurado y al relleno sanitario operado por Veolia en plena zona montañosa en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Entre 2006 y 2016, 18 de las 95 defunciones (18.9%) se debieron a un tumor maligno, una tasa que casi dobla la media nacional actual (11.5%), a pesar de que los métodos de detección han mejorado desde entonces. Sin contar numerosas afectaciones de la piel, pulmonares y gastrointestinales.
Ángel Ancheyta conoció el caso en 2018, cuando estudiaba denuncias de violaciones a derechos humanos ocurridas en el poblado para una maestría de la Universidad Autónoma de Chiapas y, desde entonces, decidió llevarlo al escenario internacional ante la falta de reacción del gobierno. “Va a parecer irónico, pero [...] en ningún momento investiga las causas del problema, únicamente hace campañas de salud, brigadas que llegan y nada más les dicen: ‘Bueno, tienes tos, tienes gripe, enfermedades normales’, pero en ningún momento lleva a algún especialista que cheque las patologías y su relación con la contaminación”, dice el abogado.
En este pueblo, Emiliano Zapata, que solía vivir de la agricultura, compuesto por un tercio de niños y adolescentes, hay apenas una promotora que atiende la caseta de salud, sin posibilidad de ofrecer diagnósticos ni prescribir medicamentos. Lo que obliga a sus habitantes a desplazarse con cada malestar a Tuxtla Gutiérrez o a aprender a sufrir en silencio. En un informe de 2025, el gobierno aseguró haber llevado a cabo campañas de saneamiento y programas de control de moscos acusados de propagar enfermedades.
De acuerdo con la CIDH, no sólo los altos grados de exposición a sustancias tóxicas o peligrosas representan una amenaza a los derechos de la vida, integridad personal y salud, sino que también pueden hacerlo la exposición crónica o permanente a tales sustancias. Como puede ser el caso de los habitantes que usan agua natural para beber, asearse, lavar la ropa, alimentar el ganado y rociar los cultivos.
Acusan que la contaminación del agua ha llegado al río Suchiapa
Pero la falta de estudios que corroboren la relación entre fugas del relleno sanitario, contaminación del agua y enfermedades es un reclamo de los pobladores que no ha sido atendido. En 2025 sigue vigente la medida cautelar de la CIDH y su promotor, Ancheyta, espera que escale a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin esos estudios es imposible saber el origen del problema, en una región que sufre de graves problemas de saneamiento de agua, acusan los vecinos, por mal manejo de recursos y falta de interés político. En 2019, el gobierno de Chiapas reconocía que apenas 1% de las plantas de tratamiento funcionaban correctamente y menos de un tercio de la basura terminaba en los rellenos sanitarios. Un estado crítico que no tomaba en cuenta la posibilidad de que fallaran estos rellenos.
En lo que concierne al basurero de Tuxtla Gutiérrez, Montecinos asegura que el problema nació cuando Proactiva Medio Ambiente, conformada por la francesa Veolia y la española Grupo FCC, usó explosivos para crear las celdas del relleno sanitario en una zona de roca caliza, medio porosa. Lo que fracturó la piedra y permitió la filtración de los lixiviados en el subsuelo del cerro, donde estaría contaminando el agua que se distribuye más abajo.
“Por incumplir una norma ambiental, Veolia está contaminando toda el agua de esta zona”, dice Montecinos, quien obtuvo confirmación en 2013 –de la Secretaría de Defensa Nacional– que se usaron explosivos para “la apertura del camino al basurero municipal [...] y en la construcción de celdas del mismo”, pese a la prohibición explícita en el permiso en materia de impacto ambiental. Además de que tomó fotos del procedimiento. Para Héctor, ese es el pecado original. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con su teoría.
Mario Benhumea, expresidente del Colegio de Geofísicos, fue uno de los firmantes del dictamen realizado en 2016 sobre el estado de los subsuelos de San Martín Mujular, encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas. Por correo, afirma que el camino tóxico, que baja por la pendiente que lleva del relleno al predio, no se debe a la fragmentación causada por el uso de explosivos, sino a las grietas y fracturas que caracterizan el macizo rocoso.
“No sé si se rasgó la película de la tela impermeable que debe impedir el paso de lixiviados o qué pasó, pero lo que sí es un hecho es que hay una filtración”, zanja la bióloga Nidia Rivera, representante legal de la Brigada Ambiental Nimalarí, que vigila la contaminación del río Suchiapa. El río, afectado por la actividad agropecuaria y la mancha urbana de Tuxtla, a momentos ha llegado a tornarse casi negro, según se observa en las fotografías disponibles en línea, provocando mortandad de peces entre 2017 y 2020. Aún así, “una de las más alarmantes para nosotros es la contaminación de lixiviados”, añade Nidia.
Para las familias de escasos recursos a las que Montesinos donó un terreno pegado al relleno sanitario –que se estaban tratando de instalar en el Cañón del Sumidero– la justicia podría sin embargo llegar muy tarde. A sus 69 años, Pablo Méndez, ya no ve bien y sufre de la próstata y hemorroides, lo que le impide trabajar. Mientras que su mujer pierde el cabello por mechones enteros. “Siempre estamos molestados del estómago, de la piel. Su cabeza se está pelando, de tanto picazón. En su hombro, en su mano”, cuenta sin darle gravedad al asunto y añade que, cuando se desborda el arroyo, un agua de color amarillo atraviesa el terreno en el que tienen instaladas sus cabañas precarias.
Quedan pocas familias viviendo en este predio cuyo traspaso de propiedad aún no se legaliza y que los vecinos quieren llamar colonia Montecinos, en honor a su donador. No lo dicen, pero la proximidad con una fuente de contaminación podría terminar convirtiéndolo en un regalo envenenado.
En el camino a los ejidos afectados hay rastros y empresas mineras: Veolia
Con el tiempo, Héctor Montecinos ha aprendido a tomar sus precauciones. Para llegar a San Martín Mujular, cambia de un coche urbano para subirse a una vieja pickup roja desvencijada, alta y apta a transitar en el camino de tierra –con tramos pavimentados– que lleva al relleno sanitario, por el que incluso se volcó un camión de basura de Veolia, según cuenta, acompañado de su cuñado, un expolicía.
“Lo pavimentan cuando vienen las autoridades a tomarse una foto”, bromea este administrador de empresas, hijo de una familia prominente de Chiapas, quien se tuvo que exiliar después de ser secuestrado y que sus hijos recibieron amenazas de muerte. En el camino se ven perros errantes y zopilotes que revolotean encima del basurero desde el que se ve todo un valle.
Defender derechos en México siempre ha sido peligroso pero se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo en los últimos años en que la impunidad ligada al narcotráfico cobijó numerosas formas de violencia. Desde 2021, el país ocupa los primeros lugares mundiales en cuanto a asesinatos de ambientalistas, con 18 homicidios registrados en 2023 por la oenegé Global Witness y 25 en 2024 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
A la violencia física de la que Héctor dice haber sido víctima, se suma la persecución judicial que sufrió cuando Veolia lo demandó por casi 600 millones de dólares por daño moral. Una batalla que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que fueron finalmente desestimadas las pretensiones de la multinacional francesa, que adquirió el 50% de las partes del relleno sanitario que estaban en manos de Grupo FCC en 2013, siendo ahora la única propietaria.
Y el tiempo parece haberle dado cierta razón a Montesinos. El 29 de mayo de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente y de manera temporal un punto de descarga del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez por “representar un riesgo de contaminación para suelo natural y los cuerpos de aguas superficiales”.
En entrevista con DOMINGA, Veolia reconoció que las fuertes lluvias torrenciales que se han vivido en Chiapas en 2025 hicieron desbordar los drenajes pluviales del relleno sanitario –el comunicado oficial habla de uno de los cárcamos del punto de descarga de lixiviados–, lo que llevó a la clausura de Profepa. Pero negó que hubieran usado en algún momento explosivos para crear el relleno o que hubiera filtración de lixiviados en el subsuelo.
“Nosotros como Veolia tenemos monitoreado todo lo que es el agua, los lixiviados, cumpliendo con la norma y bueno, los resultados han sido positivos”, declaró por videollamada Marco Romeo Rosales, director de servicios municipales en México, y agregó que en camino a los ejidos se hallan otras posibles fuentes de contaminación como rastros y empresas mineras.
A un año de que se acabe el contrato a 20 años firmado en 2006 con el ayuntamiento y que incluye la operación del relleno, la instalación de contenedores, recolección y separación de residuos, Rosales advirtió que la empresa no “está en condiciones de presentarse a una nueva licitación” para retomar la concesión en junio de 2026. Mencionó las pérdidas en medio de lo que llama un “desequilibrio financiero” debido al aumento de los costos que tiene la empresa, superiores a la inflación y que rondan los 150 mil y 200 mil euros de déficit mensuales.
Con una tarifa de 615 toneladas de residuos a diario en promedio, a un precio de 814 pesos por tonelada, se puede estimar que la empresa obtiene del ayuntamiento alrededor de medio millón de pesos diarios.
Consultadas por DOMINGA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Profepa reenviaron la responsabilidad a las autoridades locales. Mientras la procuraduría estatal rechazó contestar a las solicitudes, el ayuntamiento señaló que la pérdida de dinero por parte de Veolia es el motivo del actual atraso en la recolección de residuos sólidos en la ciudad. “El Ayuntamiento de Tuxtla espera que la empresa cumpla”, declaró un vocero.
Gigante mundial de la gestión de residuos y aguas, Veolia contrata a 215 mil personas en los cinco continentes y facturó más de 44 mil 600 millones de euros en 2024. Ha estado involucrada en múltiples escándalos en Francia y en el resto del mundo desde su fundación. Apenas en marzo de 2025, la ONG Global Witness la acusó de “arrojar contaminantes tóxicos a humedales protegidos” en el norte de Colombia, sumándose así a casos que han sido documentados por presuntas malas prácticas. En México también tuvo problemas en Veracruz, Michoacán o Aguascalientes, en donde tuvo o aún tiene litigios con los gobiernos locales.
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/multinacional-acusada-contaminar-agua-tuxtla-gutierrez
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