Después de 11 años de controversia constitucional, tras el abuso irresponsable de Juan Sabines Guerrero y la ineptitud jurídica de Manuel Velasco Coello, esta semana los congresos de Chiapas y Oaxaca terminaron por reformar sus constituciones para reconocer finalmente su nueva franja limítrofe, ordenada por la Suprema Corte, con lo que la entidad chiapaneca acabó perdiendo más de 160 mil hectáreas del territorio en disputa.
Aunque el problema agrario lleva más de 50 años en las mesas de conflictos sociales, el litigio jurisdiccional comenzó en noviembre de 2012 cuando al entonces gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero se le ocurrió la impetuosa idea de crear un municipio dentro del territorio de Los Chimalapas en disputa. Así fue como el 23 de noviembre de 2011 la Sexagésima Cuarta Legislatura creó por órdenes del entonces gobernador Juan Sabines Guerrero el municipio de Belisario Domínguez.
La ocurrente idea tenía como objetivo adjudicar de manera unilateral una extensión de tierra de más de 83 mil hectáreas que se había mantenido en disputa por comuneros de ambas entidades. Y es que, desde la federación de Chiapas a México, Oaxaca y Chiapas no habían acordado sus límites de manera oficial (en ambas constituciones locales), manteniendo así el asunto como un pendiente de aparente cordialidad... Sin embargo, la ocurrencia sabinista terminó por resultar mucho más costosa.
Con la presión de los comuneros oaxaqueños por la decisión unilateral del gobierno chiapaneco y tras un intento fallido en enero de 2012, el 29 de noviembre de ese mismo año el gobierno de Oaxaca presentó una segunda demanda contra Chiapas, reclamando la declaración de invalidez del Decreto de creación del municipio de Belisario Domínguez, así como la determinación del límite territorial entre ambas entidades federativas. La demanda fue admitida el 20 de diciembre de 2012 por la comisión de receso de la SCJN y se registró con el expediente 121/2012.
Para ese momento Manuel Velasco Coello ya había tomado posesión del gobierno de Chiapas y tenía ahora en sus manos la defensa jurídica de tan importante caso. Sin embargo, aunque resulte difícil de creer, el auto de admisión de la Controversia Constitucional 121/2012, NO fue impugnado por Chiapas, a pesar de que eso era procedente a través del Recurso de Reclamación dentro de los 05 días siguientes a su notificación.
Así, al no haberse impugnado esa admisión, el gobierno de Velasco dejó pasar la oportunidad para que desde el inicio alguna de las dos Salas de la SCJN, con su distinta integración y criterio de los ministros, analizara si fue correcto o no dar curso a la demanda de Oaxaca. Lo cual pudo derivar en la revocación del auto de admisión y el posterior desechamiento del proceso, tal como sucedió con un caso similar en 2014 tras la Controversia Constitucional 21/2014 promovida por el Estado de Quintana Roo contra el Estado de Campeche y Yucatán.
Durante los primeros años del proceso jurisdiccional el gobierno de Chiapas cometió una serie de errores, como el desistirse a la demanda contra al Estado de Veracruz y la Federación, respecto al convenio de límites de 1902, conocido como “Laudo Baranda” para el reconocimiento de sus límites territoriales; además de reconocer, mediante unos de sus procesos de defensa, parte de las franjas limítrofes propuestas por Oaxaca en la que ya no sólo se veía involucrado el nuevo municipio de Belisario Domínguez y Cintalapa, sino también los territorios municipales de Arriaga y Tonalá.
Es decir, como consecuencia de la investigación histórica para definir oficialmente los nuevos límites territoriales entre ambas entidades, Chiapas estaba por perder más territorio del que antes se encontraba bajo disputa agraria en Los Chimalapas. El nuevo corte, basado en las coordenadas aceptadas por el propio gobierno de Chiapas, cercenaba parte de los territorios de Arriaga, Tonalá y más del 40% de lo que antes se asumía como parte de Cintalapa, para quedar ahora del lado de territorio oaxaqueño.
El proceso se prolongó por nueve años, demorándose debido a la indefinición de uno de los puntos de referencia cardinal determinados por los investigadores de la Suprema Corte. Así, aunque todos los peritos no pudieron localizar el “Cerro de los Mixes”, la SCJN resolvió darle valor probatorio al dictamen de la experta nombrada por el mismo tribunal, quien en sus propuestas de solución aceptó que, si bien no localizó el “Cerro de los Mixes”, lo más adecuado para resolver el diferendo limítrofe, era llevar la frontera entre Chiapas y Oaxaca hasta el “Cerro de los Martínez”.
La sentencia llegó finalmente el 11 de noviembre de 2021, poniendo fin a un largo proceso jurisdiccional y dejando a Chiapas sin 160 mil hectáreas que antes asumía como propias. Es decir, que lo que comenzó con una demanda por la creación de un municipio de 83 mil hectáreas, al final de cuentas terminó costándole a la entidad chiapaneca 77 mil hectáreas más de su territorio.
Después de casi un año y medio, este mes de abril ambos congresos locales realizaron las reformas a sus constituciones para acatar la resolución de la Suprema Corte, consumando así una de la más dolorosas derrotas jurisdiccionales para Chiapas, que no sólo ha dejado a la entidad cercenada, sino también a miles de personas en el limbo sobre la situación jurídica de sus propiedades y la suya propia como originarios de una u otra entidad; además del inminente cambio en la administración de recursos municipales.
Lo cierto es que, como la misma instancia lo advirtió, al final de cuentas la SCJN se dedicó a definir el tema limítrofe sin resolver los conflictos sociales que dieron origen a la controversia constitucional, por lo que se trata de un problema que sigue vivo, solamente que ahora bajo responsabilidad exclusiva del estado de Oaxaca y su nuevo dominio territorial.
En la realidad, la sentencia no ha resuelto el problema de fondo. La violencia entre ambos frentes permanece, con ejidatarios de Oaxaca listos para asumir el control de las tierras y pobladores chiapanecos dispuestos a defender con su vida esas posesiones. El conflicto agrario, que trató de resolverse como simple tema limítrofe entre entidades, sigue igual de vigente y no parece tener salida sencilla, por lo que, más allá de sentencias controversiales, el tema requerirá forzosamente de salidas conciliatorias entre los verdaderos involucrados… así las cosas.
