En lo que va del año, cada mes, un promedio de entre tres y cuatro mujeres han sido asesinadas en Chiapas por la violencia feminicida. Las noticias de sus salvajes asesinatos han desfilado con los meses como un problema social que no deja de crecer, que desde 2016 tiene activado un presupuesto federal de atención especial, pero que no cuenta hasta ahora con ninguna estrategia de prevención o protección hacia víctimas potenciales.

Para las autoridades de procuración de justicia el asunto se ha convertido en un simple conteo de víctimas mortales y apertura de carpetas de investigación. La mayoría del presupuesto otorgado desde la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido destinado al pago de cursos de capacitación a policías y personal ministerial, que parecen no haber dado resultado respecto a la disminución de errores en los procedimientos.

De acuerdo a la investigación hecha por Serendipia mediante solicitudes de información, de 2016 a 2021 se han destinado un total de 73.8 millones de pesos para la atención de la AVG en los cinco municipios con más feminicidios de la entidad. 25 millones, una tercera parte de todo el dinero, han sido utilizados para costosos cursos y talleres, mientras que el destino de 18 millones más ni siquiera fue precisado en las respuestas de las dependencias consultadas.

En el rubro de seguridad, dentro de la AVG, se han invertido 20 millones. Sin embargo, la mayoría de este monto también ha sido destinado a capacitaciones. El resto se ha invertido en mecanismos como “Patrulla Rosa”, del que muy poco sabe ya. Ninguno de los rubros etiquetados se ha destinado a estrategias para atender o generar conciencia sobre el problema de fondo, establecer mecanismos de atención a víctimas potenciales y mucho menos protocolos efectivos de protección. 

Por eso los resultados no han sido nada satisfactorios. Sí, se han abierto más carpetas de investigación por feminicidios, pero la violencia contra las mujeres ha ido también en incremento. En la mayoría de los indicadores las agresiones no han disminuido sustancialmente. Como ejemplo de ello, los casos de violencia intrafamiliar se triplicaron de 2015 a 2021; mientras la tasa de feminicidios incrementó a 1.55 casos por cada cien mil mujeres, según los datos del SESNSP.

Las propias cifras de la AVG en Chiapas señalan que 2020 y 2021 fueron los años de mayor violencia asesina contra las mujeres. Durante 2020 se registraron 29 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en 2021 fueron 48, casi el doble. Este año la cifra ya alcanza los 40 casos según estadísticas de la propia Fiscalía General del Estado. No obstante, las organizaciones feministas aseguran que las víctimas son aún más, con 53 feminicidios y 153 muertes violentas de mujeres.

De nada sirve hacer del problema un conteo interminable de cuerpos y detención de asesinos, sino se pone en marcha un plan transexenal para combatir al problema de fondo o se establecen mecanismos más eficientes de protección. Mientras no se asuma a la violencia de género como un tema de entrañas sociales, que debe desterrarse desde la formación de nuevas generaciones libres de estigmas, machismo y misoginia, a ellas las seguirán violentando o asesinando.

Y es que, casos como los de Mariana, Victoria, Estefanía, Daniela, Valeria, Miryana, Itzel, Rosaura o Pascuala no pueden seguir sucediendo ante tanta indiferencia y negligencia del sistema. Urge replantear estrategias, limpiar de tajo a esos mecanismos gubernamentales que se han plagado de corrupción o malas prácticas y llevar a cabo programas de atención real al problema, sin simulaciones o poses políticas superficiales, por el bien de todas y todos… así las cosas.