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Estado miedoso… y fanfarrón (Artículo Único) Ángel Mario Ksheratto El oportunismo por encima de soluciones de fondo que den por terminada una crisis añeja y se lleve justicia a los miles de víctimas; en eso se convirtió la aspirina que, a través de Protección Civil, se envió a los desplazados de Chalchihuitán, perseguidos por hordas criminales al mando de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez.

Así, con bombo, platillo y cohetes, los boletines oficiales remarcaron el envío de cobijas y despensas a los damnificados, resaltando la odisea que el personal de gobierno debió padecer para llegar a las apartadas comunidades donde se encuentran los refugiados. Debieron rodear caminos y tomar veredas, en virtud de estar, las carreteras, copadas por grupos criminales, dispuestos a evitar que la ayuda llegase hasta los necesitados.

Cierto es que los indígenas echados de sus propiedades por los paramilitares, requieren ayuda urgente en materia de salud, alimentación y cobijo; es verdad también que la solidaridad de otros sectores —principalmente de la Iglesia Católica—, ha sido notoria y plausible, pero ello es insuficiente —por parte de las autoridades— dada la gravedad de la situación y las implicaciones que la crisis conlleva.

Llama la atención que, teniendo certeza de la existencia y operatividad de un nutrido grupo armado ilegal, la autoridad misma tenga que buscar caminos alternos para llegar a las víctimas, ante el temor de ser atacados. Ello, indudablemente, revela la debilidad del Estado frente a poderes fácticos, liderados por una autoridad municipal impuesta por intereses políticos y no por voluntad popular.

El gobierno doméstico ha negado sistemáticamente que se viva un estado de ingobernabilidad; se han amparado, las autoridades, en un falso respeto a los derechos humanos y en la perorata de una defensa de la pluralidad y diversidad. Sin embargo, esas condiciones son inequitativas, selectivas y, por tanto, inadmisibles.

La ayuda humanitaria, como ya hemos dicho, es necesaria, pero no solo debe quedar en eso; la fuerza de la ley, debe aplicarse sin distingos para desarmar a esos grupos y someterlos al orden constitucional. A la par, debe llevarse a los Tribunales a la alcaldesa de Chenalhó, que ha sido acusada formalmente por las víctimas, quienes han presentado sobradas pruebas de su culpabilidad.

Es incomprensible que el Estado, como ente generador de gobernabilidad y condiciones igualitarias para todos y, como presunto garante de la ley, no solo evada los caminos normales de acceso a las comunidades, sino también, su deber constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Resulta hasta risible que, teniendo fuerzas policiales suficientes y contando con garantías de ley para someter a los criminales, les dejen actuar con total impunidad e incluso, les envíen señales de miedo. Si los paramilitares están armados, es obvio que no deben llegar con ramos de flores para convencerlos a dejar de delinquir. Son sujetos desalmados a quienes se debe combatir con rigor y determinación.

Permitir que sigan persiguiendo a miles de indígenas inocentes y pobres, es complicidad. La omisión institucional, es un delito que debe perseguirse en éste caso, toda vez que hay fundadas sospechas que el asunto, por desgracia, apunta hacia una nueva masacre, como la ocurrida en Acteal.

La complacencia gubernamental hacia los paramilitares, no es nueva; es histórica. En el caso que nos ocupa, tiene su explicación en la protección que siempre se ha dado a Rosa Pérez Pérez, a quien impusieron, primero como candidata y luego como alcaldesa, aun cuando ya había sido echada del cargo bajo acusaciones de corrupción e incumplimiento de promesas de campaña.

Ella, la alcaldesa, no ha tenido empacho en perseguir, incluso a su propia familia. En varios medios de comunicación, se reprodujo la entrevista realizada a una hermana suya, en la que le ruega, dejar de acosar a su propia sangre. Es obvio que hay un interés mezquino superior por parte del gobierno.

¿Esperan las autoridades otra masacre para entonces hacer lo conducente? Todo indica que a eso le apuestan, lo cual se constituirá en un delito de lesa humanidad que habrá de inscribirse en el historial de las autoridades locales. No hay que olvidar que dichos grupos violentos, suelen actuar en épocas del año específicas. La matanza de Acteal, fue en un mes de diciembre. No sería extraño que, siguiendo esa lógica, los paramilitares al mando de Rosa Pérez, cometan una felonía por éstas fechas. Por tanto, debe actuar, la autoridad, en consecuencia y de inmediato. Dejar que cumplan un cometido mortal, será responsabilidad absoluta del gobierno local. No debe quedar ninguna duda de ello.