Más de 30 investigadores de la UNAM se reunieron para analizar la situación del país en materia de seguridad y justicia y establecer una agenda de trabajo sobre estos temas para el resto del año.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se abordaron los casos Tlatlaya, Ayotzinapa y el Decálogo del Ejecutivo Federal para resolver la crisis de seguridad en el país.
Para algunos, el problema inicia con la desigualdad y condiciones de pobreza.
“Qué nos dicen estos casos, qué nos dicen estos crímenes, el caso de Ayotzinapa concretamente es el peor porque está la corrupción, la impunidad, la colusión de los funcionarios”, Imer Flores, Investigador IIJ UNAM.
“Es la elaboración de una hoja de personas desaparecidas en la cual se señala el ADN de los familiares y con ello estaríamos dando un primer paso en la localización”, Rosa Álvarez, Investigadora IIJ UNAM.
“Porque al final la idea que subyace es ésta de si en realidad la seguridad es un derecho fundamental o si la seguridad es una condición para la posibilidad de los demás derechos”, Pedro Salazar Ugarte, Director del IIJ UNAM.
Se propuso un cambio en el modelo económico actual que ha dejado en la marginación a gran parte de la población.
“Uno de ellos es este pavoroso panorama criminal que tenemos, la situación en la que nos encontramos que tiene una onda raíz en la desigualdad que prevalece en el conjunto de la sociedad mexicana”, Sergio García Ramírez, Investigador IIJ UNAM.
“Ha promovido una desigualdad pavorosa, ha sido un modelo económico que se implementó para que creciéramos económicamente y en estos más de 30 años no hemos crecido económicamente y tampoco hemos distribuido la riqueza”, Jaime Cárdenas, Investigador IIJ UNAM.
“Desigualdad, corrupción, desorganización, impunidad, quizá lo más importante y pareciera que la solución o soluciones tiene sustento en varios ejes, reconstrucción del estado de derecho, reconstrucción del estado, rediseño institucional, rediseño del aparato de justicia”, Oscar Barney, Investigador IIJ UNAM.
A la reunión académica para establecer una agenda de deliberación institucional sobre crisis y seguridad, participaron también investigadores como Héctor Fix Zamudio, Diego Valadés y la politóloga María Marván Laborde.
Martha Rodríguez
