El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, estuvo presente en dos eventos nacionales, a través de su Consejera Presidenta, María de Lourdes Morales Urbina, en los que dieron a conocer el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres; y nuevos esquemas de impartición de justicia con equidad de género, respectivamente. 

El Protocolo en mención, tiene por objetivo garantizar la identificación de la violencia política; evitar daños mayores a las víctimas; generar una adecuada coordinación entre las instituciones competentes, y servir de guía para atender la violencia política en todas sus vertientes, a nivel federal, estatal y municipal. 

Este Protocolo es una iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). 

Además, con este Protocolo se brindan elementos conceptuales que permiten identificar la violencia política contra las mujeres, así como la forma en que deben atenderse esos casos. Es además una herramienta que facilita la coordinación entre las instituciones para atender estos casos de violencia y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas. 

Por otra parte, la Consejera Presidenta del IEPC, asistió a la conferencia “Impartición de justicia con igualdad de género” disertada por la doctora Evangelina García-Prince, quien es un referente indiscutible en materia de igualdad de género en la región latinoamericana. 

En esta conferencia se abordó el avance de los esquemas en la impartición de justicia para jueces y magistrados en rubros como la valoración de pruebas aportadas por las mujeres víctimas; tipificación de los hechos con sensibilidad a la condición de las mujeres, y aspectos de las condiciones de desigualdad y discriminación. 

Estos eventos nacionales contribuyen con la promoción de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como fomentar la participación social para construir una sociedad menos violenta y más igualitaria.