* Ejidatarios exigen su libertad y solicitan garantías de seguridad y libertad personal en la defensa de sus tierras.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 23 de octubre de 2015 (muralchiapas.com).- Los gobierno del estado y federal pretenden criminalizar la lucha por la tierra que emprendieran los ejidatarios que fueron despojados de sus parcelas por la construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II ubicada en el municipio de Chicoasén, pues la noche del pasado miércoles policías estatales detuvieron al abogado defensor de los campesinos y llevado al penal de El Amate, según denunció Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en su boletín “acción urgente número 5”, el viernes por la noche.
El día 21 de octubre de 2015, aproximadamente a las 20:00 horas, el abogado Arturo Ortega Luna fue detenido por ocho policías estatales, en el retén de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, en el camino que conduce al municipio de San Fernando; actualmente se encuentra en el Centro Estatal de Readaptación Social para Sentenciados Núm.14, El Amate, en el municipio de Cintalapa, acusado de motín por una investigación integrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), denuncia penal interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros que busca criminalizar la protesta frente a las arbitrariedades cometidas por el gobierno federal y estatal.
Se tiene el riesgo de que se le dicte auto de formal prisión en represalia a su trabajo jurídico acompañando a los indígenas zoques opositores a la construcción de la presa Chicoasen II.
Los Ejidatarios Básicos del Comité Ejidal de Ejidatarios Posesionarios y Avencindados del Ejido Chicoasen, afectados por la construcción de la presa Chicosen II, que en su mayoría son personas de edad avanzada, temen ser detenidos porque la PGJE ha iniciado una investigación en su contra. Lo anterior es un acto de criminalización y hostigamiento por sus acciones en defensa de su territorio frente al despojo de sus tierras ejidales que de realizarse traería el desplazamiento de decenas de familias.
Al respecto exigimos al gobierno de Enrique Peña Nieto y al gobierno de Manuel Velasco Coello:
* Libertad inmediata de Arturo Ortega Luna representante legal del Comité Ejidal de Ejidatarios Posesionarios y Avecindados del Ejido Chicoasén.
* Garantías de seguridad y libertad personal de los ejidatarios en defensa de su territorio opositor a la presa Chicoasén II.
Por último hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, para que envíen llamamientos en exigencia de respeto al derecho de los pueblos indígenas a defender su territorio y por la no criminalización de su lucha.
Antecedentes:
Los Ejidatarios Básicos del Comité Ejidal de Ejidatarios Posesionarios y Avencindados del Ejido Chicoasen, afectados por la construcción de la presa Chicosen II, buscaron la protección jurídica para detener la construcción de la presa Chicoasen II que afectaría a más de 180 hectáreas de tierras ejidales de uso agrícola de los indígenas de origen zoque. El 9 de octubre de 2015 ganaron un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Tuxtla Gutierrez otorgándoles la suspensión del plano provisional a pesar del cual el Consorcio integrado por las empresas Omega Construcciones S.A. de C.V. continúa la obra, quedan pendientes 52 amparos individuales en proceso que lleva en asesoría legal el licenciado Arturo Ortega Luna.
Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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