Raúl Vera
Atrás quedaron los tiempos de idealización del indígena como el hombre recién salido del paraíso original, el hombre inmaculado y lejano a la maldad humana. Esta visión tiene que ver en principio con el planteamiento de Fray Bartolomé de Las Casas y que tiempo después, con el nacimiento del estado nación, el INAH institucionalizó la idea de los hombres de bronce, libres de toda culpa y además víctimas de los ladinos.
El movimiento armado de 1994 ayudó a construir esa imagen del salvaje feliz, capaz de luchar contra el sistema neo-liberal del Salinato, pero al igual que la lucha por reivindicaciones justas nacieron las componendas y corrupciones. En ese tiempo, se volvió una escena común en bares y cantinas de Tuxtla, la presencia de líderes de organizaciones en grandes camionetas de lujo, tomando licores caros.
Desde el inicio de las negociaciones de San Andrés se discutió e impuso un tema traído por el antropólogo Héctor Díaz Polanco “la autonomía indígena y los usos y costumbres de las comunidades”, modelo importado a partir de su práctica con los Miskitos en la Nicaragua sandinista.
El tema fue difícil porque en esta nueva versión del indigenismo mexicano, se rayaba en la creación de un estado de excepción para las comunidades indígenas. También se presentaron algunas posturas serias como la del historiador Pedro Viqueira, quien aseguró que las comunidades indígenas conservaban prácticas adquiridas durante la época colonial, como el sistema de cargos de carácter eclesiástico, por lo que aceptar su uso constituía un retroceso para el marco legislativo de la república.
El empoderamiento de las comunidades indígenas es real, ahora controlan gran parte de los negocios en ciudades como San Cristóbal; lo dicho, entonces por Viqueira resulto cierto, se creó un estado de excepción basado en complicidades y manejo electoral de la aplicación de la justicia.
Ahora tenemos un recuento de actos delictivos sin castigo, en una enumeración basada en la memoria podemos citar a partir de la liberación de los implicados en el caso Acteal. Se podrá decir que hubo fallas de procedimiento y que por eso salieron, pero lo real es que no hay culpables en prisión y que esto ha sentado un mal precedente en la aplicación de justicia.
Otro caso es el de los linchados en “Las ollas” y que hasta hoy día no hay detenidos, le siguieron los linchados en Cancuc, caso en el que tampoco hay detenidos.
En el secuestro del dirigente evangelista Edras Alonso, en la comunidad de los “Llanos”, tampoco hubo detenidos y al contrario se les pago 1 millón 600 mil pesos por dejarlo en libertad. Después de rociarlo en gasolina y amenazar con quemarlo vivo.
Ahora el caso más reciente caso es el de San Juan Chamula, dos muertos acusados de robo y que fueron linchados en la propia presidencia municipal. El gobierno del estado se ha caracterizado por su permanente omisión y carente intervención para ejercer la justicia, por lo que puede deducirse que este crimen también quedará impune. Que decir de la agresión a Palacio de Gobierno, en el que los detenidos fueron liberados de inmediato.
Tal parece que la complicidad entre los cacicazgos indígenas y los dirigentes de los partidos a los que sirven, les da impunidad. Parece que las sanciones no existen y que basta con que chantajeen con retirar el voto al partido dominante, para que las órdenes de aprehensión se esfumen.
Si bien los acuerdos de San Andrés no han sido legislados y aprobados, en la práctica, existe un estado de excepción disfrazado de usos y costumbres y que es una realidad que a cualquier ciudadano nos puede costar la vida, si por desgracia cometemos un error en su territorio.
Creo que la autonomía, (la cual no creo que exista si no hay independencia económica, sobre todo si se depende de los programas gubernamentales) y los usos y costumbres, se han convertido en abusos y malas costumbres. Creo que hay que dejar de idealizar a otros seres humanos por razones raciales, y es tiempo de que se les trate como ciudadanos.
