COMUNIDADES DE CHIAPAS VIGILAN LA CALIDAD, PROTEGEN LA SALUD Y MANTIENEN SUS SISTEMAS DE AGUA
* Experiencias en Sitalá y Tenejapa demuestran que la gestión comunitaria del agua se realiza todos los días mediante organización, conocimientos locales y responsabilidades compartidas.
* Alianza Aguas Comunes y RED+AGUA Chiapas señalan que la nueva Ley de Aguas debe respaldar estas soluciones territoriales para consolidar una política hídrica justa.
Chiapas, 26 de agosto de 2026.- En cientos de comunidades rurales e indígenas de Chiapas, cuidar el agua es un ejercicio diario de organización, soberanía y salud colectiva. Las familias y sus organizaciones comunitarias monitorean la calidad del agua y sus fuentes, identifican riesgos, comparten información, operan infraestructura y coordinan las tareas necesarias para que los sistemas de agua continúen funcionando.
Esta gestión comunitaria del agua es una práctica histórica mediante la cual comités, patronatos, asambleas y autoridades locales sostienen el acceso al agua y buscan garantizar que su consumo no ponga en riesgo la salud de las personas.
Las experiencias documentadas en los municipios de Tenejapa y Sitalá, por ejemplo, no sólo reflejan la solidez técnica y el diagnóstico territorial, sino también la capacidad de las comunidades para transformar el dato técnico en acciones colectivas.
En San Francisco, Tenejapa, la comunidad participó en una formación práctica sobre mecanismos de monitoreo básico de la calidad del agua e incorporó el análisis de muestras de agua. Los habitantes aprendieron a tomar e interpretar muestras microbiológicas directamente de sus fuentes de abastecimiento. Al identificar la presencia de microorganismos, la población pasó de la observación a la acción preventiva, con diálogos comunitarios y asambleas para discutir métodos de desinfección doméstica (como la cloración o hervir el agua) y articular medidas necesarias para prevenir enfermedades gastrointestinales.
Si bien este ejercicio no sustituye un análisis de laboratorio formal o acreditado, cumple un rol clave: actúa como una herramienta de pedagogía social. Fortalece la vigilancia comunitaria y genera conciencia sobre el cuidado del agua.
En La Unión, Sitalá, el proceso tuvo enfoque intergeneracional. Estudiantes de la Telesecundaria “Frida Kahlo” junto a familias, docentes y autoridades comunitarias revisaron la información sobre la fuente de abastecimiento de agua y las condiciones de la infraestructura del tanque de almacenamiento. Esto permitió a la comunidad vincular datos de diagnóstico con los hábitos cotidianos, promoviendo prácticas saludables de consumo de agua segura, protocolos comunitarios de lavado de manos y manejo e higiene adecuada de alimentos.
Esta experiencia expone cómo la gestión comunitaria no es únicamente un asunto de infraestructura, sino un proceso dinámico de producción de conocimiento. Integra a distintas generaciones, fortalece la cohesión social y fomenta la participación activa de la escuela, los hogares y la asamblea en la toma de decisiones sobre su propio territorio.
En Santa Cruz, Tenejapa, el comité de agua asumió la operación y el cuidado de un sedimentador de doble cámara, una infraestructura de tratamiento primario que ayuda a disminuir sólidos suspendidos y reducir la turbidez antes de que el agua ingrese a la red de distribución. El correcto funcionamiento del sistema demuestra la efectividad del trabajo organizado, los conocimientos técnicos locales y la disciplina comunitaria al sostener revisiones periódicas.
En estos procesos, las organizaciones de la sociedad civil aportan acompañamiento y formación técnica, pero son las comunidades quienes toman decisiones, realizan las tareas y sostienen los sistemas de agua en sus territorios.
“Las comunidades no son receptoras pasivas de infraestructura o capacitación, son quienes conocen sus fuentes, organizan el servicio, vigilan la calidad del agua y realizan el mantenimiento de los sistemas. Reconocer la gestión comunitaria en la Ley de Aguas del estado significa respaldar y promover estas capacidades, sin sustituir su autonomía ni trasladarles todas las obligaciones públicas”, señalaron representantes de la Alianza Aguas Comunes y RED+AGUA Chiapas.
Como estas experiencias de Sitalá y Tenejapa, donde las comunidades se involucran en el acceso a agua segura y limpia, hay cientos en todo el estado y el país. Conocerlas sirve como evidencia de por qué el proceso de reforma de la Ley de Aguas de Chiapas debe construirse también desde las soluciones que ya funcionan en el territorio. Para que la nueva legislación responda a la realidad, se presentan 5 puntos clave:
Reconocimiento y respeto a la autogestión comunitaria, su autonomía, formas organizativas y sistemas normativos.
● Corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades, sin trasladar obligaciones públicas ni imponer cargas operativas o financieras desproporcionadas para los comités y patronatos de agua.
● Garantía de asistencia técnica, capacitación y recursos públicos para el monitoreo de calidad, operación, mantenimiento, saneamiento y protección de fuentes e infraestructura.
● Mecanismos permanentes de coordinación pública-comunitaria en los municipios.
● Registro simple, gratuito y declarativo, orientado a reconocer, acompañar y fortalecer la labor comunitaria.
La gestión comunitaria ya protege la salud, aplica tecnología adaptada al contexto y sostiene el acceso al agua en cientos de comunidades de Chiapas. La reforma legislativa tiene hoy la oportunidad histórica de reconocerla como un pilar de la justicia hídrica y garantizar las condiciones públicas necesarias para fortalecerla.
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