Activistas, defensores de derechos humanos y representantes comunitarios, rechazaron el proyecto de licitación de 84 mil 500 hectáreas en cinco municipios zoques de las regiones centro y norte de Chiapas, donde se pretende perforar 12 pozos petroleros y de gas natural, derivado de la reforma energética.
El activista Fermín Ledesma Rodríguez advirtió que a partir de abril próximo, la Secretaría de Energía iniciará el procedimiento de licitación de nuevas concesiones en los municipios de Tecpatán, Francisco León, Chapultenango, Ixtacomitán y Pichucalco, donde las comunidades de la etnia zoque se mantienen en resistencia contra esas actividades.
Aseguró que los pueblos zoques rechazan toda forma de aprovechamiento minero y de hidrocarburos debido a que su extracción repercute y deteriora el medio ambiente, despoja tierras ancestrales y destruye el patrimonio tradicional y cultural de los pueblos originarios.
Los zoques rechazan además, agregó Ledesma Rodríguez, el proyecto de instalación de una planta geotérmica en las aguas termales del volcán Chichonal que permanece activo desde las erupciones de 1982.
Las comunidades no están de acuerdo con esa planta porque para éstas, el volcán es un centro ritual, de peregrinación y de “apropiación simbólica”, aunque los estudios para explotar esa energía fueron iniciados en 2010 por la Comisión Federal de Electricidad, precisó el académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
El investigador contextualizó que los pueblos zoques han resentido desde hace seis décadas el deterioro y “el despojo” de las centrales hidroeléctricas asentadas en el río Grijalva, las cuales afectaron más de 30 mil hectáreas de tierras productivas.
Entrevistado, aseguró que la defensa de los territorios zoques se integra al movimiento de resistencia en América Latina, porque la minería y el aprovechamiento de los carburantes incentiva “el narcotráfico, la inseguridad y la vulneración de los ecosistema”.
En la lucha comunitaria contra esas actividades, añadió Ledesma, que son alentadas por el capital nacional y extranjero con el apoyo institucional, los gobiernos crean un ambiente de violencia y persecución contra quienes se oponen.
En Chiapas, puntualizó, se encuentran licitadas más de 81 mil hectáreas para la extracción mineral en diferentes regiones.
Juan Guerrero Hernández, integrante de la comisión central del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, aseguró que por ahora la resistencia de las comunidades detiene las actividades mineras en Chiapas.
A la fecha, precisó, sólo permanece activa la extracción en la finca La Zacualpa del municipio de Solosuchiapa, en el norte del estado, y que está concesionada a la empresa Frisco.
El pasado 21 de febrero fue arrestada Silvia Juárez Juárez tras participar en una protesta contra el ayuntamiento de Tecpatan y por oponerse a los proyectos mineras en esa zona.
El activista Félix Maldonado Chamé aseguró que la mujer, ama de casa y madre de dos hijos, que participaba en las protestas contra el gobierno local y la " resistencia" contra los proyectos mineros en la zona, fue encarcelada por el presunto delito de secuestro.
En esa región zoque las comunidades, añadió, piden además la cancelación de 32 órdenes de aprehensión, presuntamente, libradas contra lugareños, algunos de ellos maestros afiliados a las Secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Afirmó que Silvia es integrante del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, integrado en el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, cuyas actividades se reactivaron luego de conocerse el proyecto para explotar pozos petroleros en esa región.
El activista agregó que en la zona resultarían afectadas más de 80 mil hectáreas, previstas en la licitación de la llamada " ronda 2.2 (bloques 10 y 11)".
