Regreso a clases: el reto de garantizar agua segura, saneamiento e higiene en las escuelas
* ¿Qué se necesita para que la vuelta a clases signifique también agua segura, saneamiento e higiene garantizados todo el tiempo para niños, niñas y adolescentes?
Chiapas. 27 de Agosto del 2026.- El 31 de agosto comienza un nuevo ciclo escolar en México. Entre los pendientes para recibir a millones de estudiantes hay uno que no siempre es visible: garantizar agua segura, saneamiento e higiene durante toda la jornada escolar.
El problema es sustancial. Según el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024 del CONEVAL, el 21.5% de las escuelas de educación básica analizadas carecía de agua potable en el ciclo 2022-2023. La desigualdad era todavía mayor en las primarias indígenas, donde la proporción alcanzó el 43.7%.
Sin embargo, las propias cifras oficiales tienen un límite. Saber que un plantel registra agua potable, una cisterna, sanitarios o lavamanos no permite conocer por completo si el agua llega todos los días, si tiene la calidad necesaria, si es suficiente o si la infraestructura de agua continúa funcionando. Medir infraestructura no equivale a medir acceso efectivo.
Una cisterna puede estar vacía; un sanitario sin agua; un sistema de tratamiento descompuesto por falta de mantenimiento. Por eso, al volver a clases la pregunta no es cuántas escuelas tienen infraestructuras de agua, sino cuántas pueden garantizar cada día un entorno saludable para aprender, con las condiciones adecuadas de agua, saneamiento e higiene.
En Chiapas, la brecha es mayor
La situación es crítica en Chiapas. Los indicadores nacionales de mejora educativa reportaron que, para el ciclo 2022-2023, solo el 40% de los centros de educación básica y media superior contaba simultáneamente con electricidad, agua potable, instalaciones para lavado de manos y sanitarios.
Esta realidad escolar refleja una crisis hídrica más amplia. Un análisis territorial difundido recientemente por RED+AGUA Chiapas y la Alianza Aguas Comunes, basado en información del Censo 2020 y la ENIGH 2024, advierte una diferencia importante entre cobertura oficial y acceso real al agua en los hogares: aunque el censo señala una cobertura del 89.4%, el análisis estima que sólo 47.3% de los hogares cuenta con toma domiciliaria y 41.2% recibe agua diariamente.
Aunque estas cifras no corresponden específicamente a las escuelas, ayudan a entender el contexto en el que muchas de ellas funcionan: comunidades donde garantizar agua suficiente y continua sigue siendo un desafío cotidiano.
Esta problemática cobra relevancia mientras Chiapas atraviesa un proceso para actualizar su legislación hídrica, lo que plantea un desafío central ¿cómo convertir el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento en servicios que funcionen de manera permanente en la vida cotidiana?
Lo que una experiencia escolar permite observar
El Programa Agua Segura en Escuelas, implementado por Cántaro Azul en Chiapas, ofrece una experiencia concreta para observar qué ocurre entre la instalación de infraestructura y el acceso efectivo a agua segura, saneamiento e higiene. Según las necesidades de cada centro educativo, el programa incorpora soluciones como captación de lluvia, almacenamiento, tratamiento y puntos de acceso al agua, junto con acciones relacionadas al saneamiento e higiene.
Pero una parte importante del trabajo ocurre después de la instalación. Estudiantes, docentes, familias y autoridades escolares integran Comités de Ambientes Escolares Saludables y participan en talleres pedagógicos donde aprenden mecanismos para monitorear la calidad del agua, detectar fallas y solicitar orientación para la operación y mantenimiento de los sistemas.
En febrero de 2026, por ejemplo, monitores escolares de Pajalton Bajo, en Chamula, recibieron insumos para continuar realizando pruebas bacteriológicas y reportar posibles fallas. Un mes después, el reporte de una secundaria de Teopisca permitió atender un problema en las canaletas del sistema de captación de lluvia que abastecía su Sistema de Agua Segura.
Estos casos demuestran que la sostenibilidad requiere seguimiento: definir quién detecta las fallas, quién las repara y cómo se vigila la calidad. La infraestructura de agua necesita seguimiento.
Las organizaciones civiles pueden validar metodologías, las comunidades pueden colaborar y la academia y el sector privado aportar recursos y conocimiento. Pero ninguna de estas intervenciones puede sustituir la responsabilidad del Estado.
Para escalar estas soluciones a nivel nacional se requieren condiciones claras: infraestructura adaptada al contexto, garantía de calidad y disponibilidad del agua, planes de mantenimiento, monitoreo y recursos asignados, la participación escolar y responsabilidades institucionales claras.
La corresponsabilidad es necesaria, pero no significa trasladar a las familias una obligación que corresponde garantizar al Estado. El regreso a clases es una oportunidad para colocar esa discusión en la agenda y asumir el compromiso. La respuesta no está en cuántas obras se construyen, sino en si cada estudiante puede beber agua limpia y usar sanitarios dignos todos los días.
Una nueva ley no va a resolver por sí misma las carencias de las escuelas, sino que obliga a discutir cómo garantizar en la práctica el derecho humano al agua y al saneamiento, qué responsabilidades corresponden a las instituciones públicas y cómo deben participar las comunidades sin asumir solas el peso del servicio.
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