En la Mira
Héctor Estrada
La crisis turística tiene responsable y NO es la CNTE
Responsabilizar en su totalidad a los manifestantes y sectores inconformes de la inestabilidad social y crisis económica resulta un juicio por demás cómodo, miope e irresponsable. Y el ejemplo más reciente de semejantes aseveraciones fue protagonizado este martes por el presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV), Julio Castañeda, quien complaciendo a los intereses gubernamentales terminó culpando a las y los maestros de la debacle turística en Chiapas y Oaxaca.
Mediante declaraciones miopes y simplistas, el empresario responsabilizó en absoluto a los docentes huelguistas del fracaso turístico en el sureste del país durante las ya iniciadas vacaciones de verano, asegurando que los bloqueos carreteros “no significan una ausencia de seguridad para los turistas, pero sí potenciales incomodidades” que están provocando cancelaciones en el arribo de turistas.
Y aunque de manera superficial Julio Castañeda pareciera estar asistido por la lógica, es evidente que la razón ha abandonado la objetividad de sus juicios. Para el empresario ha sido más sencillo señalar la causa y no el origen de la problemática social que hoy mantiene a México, y especialmente a entidades como Chiapas, en sus peores momentos de gobernabilidad.
Porque el movimiento magisterial, como los conflictos postelectorales en los pueblos indígenas y otras tantas expresiones del hartazgo social, no se originaron de la nada. Tienen su gestación en la evidente falta gobernabilidad, corrupción, autoritarismo y cerrazón gubernamental que se ha convertido en combustible puro para la convulsión social actual.
La crisis social que ahora enfrenta el país con el movimiento magisterial y sus aliados tienen un responsable fácilmente identificable: la arbitrariedad del Estado. Esa misma que ha elaborado y aprobado reformas constitucionales desde la unilateralidad de las cúpulas del poder político, pasando por encima de los trabajadores y ciudadanía misma.
El desgajamiento de la paz social y estabilidad económica en México es responsabilidad de un aparato gubernamental déspota y no de la inconformidad social. Es causa del autoritarismo y la falta de capacidad o voluntad para construir acuerdos que no terminen doblando la dignidad y negociando las causas legítimas.
Pero esas son razones que seguramente Julio Castañeda, como otros tantos líderes de grupos empresariales serviles al poder estatal, no contempló dentro de sus prioridades a la hora fijar postura, o de plano son aspectos que simplemente no interesan para esos grupillos de la iniciativa privada que fincan sus intereses absolutos en las jugosas dadivas gubernamentales.
Por eso hoy resulta mucho pedir un “juicio equilibrado” a este tipo de grupos empresariales cuya postura oficialista en los conflictos sociales siempre ha sido la misma. Sin embargo, hoy la realidad es distinta y a la ciudadanía ya no se le engaña tan fácilmente. Las responsabilidades son evidentes y las mentiras son sólo eso, la ridiculización a voluntad propia.
