En la Mira
Héctor Estrada
La transformación de la principal plaza pública de Chiapas en un espacio cercado y de acceso restringido deja patente las claras intenciones del Gobierno de Chiapas para convertir esta conmemoración nacional en un “fiesta privada”, lejana a la ciudadanía independiente y al sentimiento de libertad que le da razón de ser.
Desde el pasado sábado por la noche personal no identificado comenzó la colocación de una valla metálica de seguridad (de alrededor de 2.5 metros de altura) sobre todo el perímetro del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. La instrucción, dijeron los trabajadores, es encerrar todo el parque para convertirlo en una zona resguardada.
La estrategia estaba fijada desde mucho tiempo antes. Hace alrededor de 15 días se instruyó la colocación de juegos y puestos de feria sobre la explanada frente a Palacio de Gobierno con objetivo de evitar que cualquier manifestación ciudadana temporal se apoderara en ese mismo sitio dificultando la realización del evento gubernamental.
Se habló de la habilitación de una sede alterna, pero hoy es evidente que la soberbia ha vencido a la sensatez de quien finalmente toma de las decisiones importantes en Chiapas. El capricho de realizar la Ceremonia del Grito de Independencia en Tuxtla Gutiérrez bajo las condiciones “óptimas para el mandatario chiapaneco” han rebasado todos los límites.
En un perímetro 10 cuadras a la redonda el centro de la capital chiapaneca ha sido convertido una zona de acceso condicionado y el parque en una “plaza amurallada”. El montaje para la fiesta privada sólo dará acceso a quienes porten los brazaletes con código de barras previamente distribuidos entre las asambleas de barrio, las estructuras movilizadoras del voto del PVEM y los beneficiarios de programas sociales.
A las autoridades les ha importado un bledo los dictámenes de Protección Civil que catalogan a la explanada del Parque Central sobre el estacionamiento subterráneo como una zona de alto riesgo, debido a las fracturas y la fragilidad estructural; ni siquiera parecen haber tomado en cuenta las medidas de protección civil que impiden eventos masivos en espacios cercados.
No se ha contemplado la posibilidad de contingencias que obliguen a una evacuación inmediata, pese la instalación de enormes estructuras metálicas, numeroso despliegue de cableado eléctrico sobre la zona o la detonación de grandes cantidades de pirotecnia que serán utilizadas para el “show gubernamental de la noche”.
Más allá del agravio moral a la ciudadanía, las medidas tomadas en Chiapas para la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia se sustentan también como una grave violación a los derechos civiles enmarcados por la propia Constitución Mexicana. Es una afrenta específica del derecho al libre tránsito y la libre manifestación que los ciudadanos tienen por el simple hecho de ser mexicanos.
Al seleccionar a los asistentes para un evento público de esa naturaleza se comete un evidente acto de discriminación que atenta contra el artículo primero constitucional y los Derechos Humanos pues no existen razones expresas que argumenten el “acceso segregado” al evento en cuestión.
En caso de no corregirse tanta arbitrariedad en la organización de la ceremonia del 15 de septiembre, la noche del Grito de Independencia de 2015 en Tuxtla Gutiérrez pasará a la historia como una de las conmemoraciones patrias más vergonzosas y arbitrarias de las que se tenga memoria en Chiapas y México.
