En la Mira
Héctor Estrada
La reacción del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ante la suspensión de la Vía Tuxtla Recreativa (VTR) no sólo se sustenta como una determinación insultante y autoritaria para la sociedad organizada, también ratifica lo que ha sido la administración de Samuel Toledo como un gobierno de turbias complicidades siempre de espaldas a la ciudadanía.
Si usted se dio la vuelta algún domingo en la mañana por el centro de la capital chiapaneca seguramente fue testigo de un evento peculiar que ocupaba parte de la Avenida Central, donde organizaciones de la sociedad civil convertían por unas horas a esa fracción de la ciudad en “territorio ciudadano”.
Desde hace alrededor de tres años (60 domingos) 14 organizaciones civiles, empresas e instituciones llevaron a cabo esta vía recreativa en Tuxtla Gutiérrez con diversas actividades que involucraron a buen número tuxtlecos y dieron paso a otras tantas iniciativas que durante los últimos años han contribuido a la construcción de ciudadanía en la capital estatal.
Pero nada de lo anterior importó a las autoridades municipales. Con total desinterés la administración que preside Samuel Toledo Córdova dejó prácticamente solos a los ciudadanos organizadores. Fueron pocos los apoyos de seguridad y logística brindados a la VTR que terminaron por dificultar las condiciones para poder seguir realizándose.
Ante tanta apatía municipal, fue el pasado 2 de septiembre cuando los organizadores finalmente anunciaron la suspensión temporal de las actividades semanales argumentando lo que resultaba evidente: un gobierno renuente a colaborar con este evento ciudadano, sin compromiso a garantizar las condiciones de seguridad como aportación mínima.
La respuesta política hecha pública este martes por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez rebasó los límites del cinismo y descaro gubernamental, pues anunció la realización de su propia “vía recreativa” el mismo día y en las mismas horas donde se realizaba el evento ciudadano.
Según su publicidad, ahora sí están garantizadas todas las condiciones logísticas y de seguridad bajo responsabilidad del gobierno; ahí sí está confirmada la participación de las dependencias municipales y estatales en materia de juventud y deporte; además de otras tantas “bondades logísticas” propias de una organización gubernamental.
Pero hay algo que llama más la atención, y tiene que ver con la sospechosa inclusión de “asociaciones civiles” involucradas directamente con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la figura de Fernando Castellanos Cal y Mayor como organizadores de la nueva vía recreativa.
Resulta evidente la posición asumida por el gobierno de Samuel Toledo para despojar del proyecto a los organizadores de origen, dar la espalda a la ciudadanía y finalmente entregar el evento a los “grupos serviles al gobierno en turno”, en un acto de descarada arbitrariedad que habla nuevamente del marcado distanciamiento entre el gobierno y la ciudadanía activa.
En caso de ser una acción anticipada del posible gobierno verde en la capital chiapaneca, ejecutada por Toledo Córdova, se deja una lectura escabrosa sobre las formas de gobernanza basadas en decisiones unilaterales y “anticiudadanas” que podrían ser la pauta para los próximos tres años en caso de que los tribunales ratifiquen el triunfo de Castellanos.
