Han pasado 16 años de la masacre en Nuevo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, y la justicia aún no llega. Ni los procesos iniciados ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han arrebatado la impunidad a un caso de lesa humanidad cuyos asesinos y autores intelectuales siguen sin rendir cuentas.
La masacre ocurrió en 13 de noviembre del 2006, aproximadamente a las 6:00 horas de la mañana. Fueron cerca de 40 personas vestidas de civiles, provenientes de Nueva Palestina, ubicada en el mismo municipio, quienes entraron a Viejo Velasco, acompañadas de 300 personas más (vestidas con botas y uniformes negros y azules), portando armas de grueso calibre.
Todo había sido perfectamente planeado y dirigido para emboscar a los habitantes de la comunidad. La agresión se prolongó por varios minutos durante esa mañana, dejando como resultado cuatro personas ejecutadas extrajudicialmente, cuatro más desaparecidas y 36 personas desplazadas de manera forzada. Además de la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 debido a las secuelas.
De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hasta el momento “la Fiscalía de Chiapas sigue sin realizar una investigación completa y efectiva, mientras el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se mantienen en silencio, y los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales permanecen impunes”.
Además de que “nunca contó con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron y tras la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros que en su momento auxiliaron a las víctimas”.
Y es que, según consta en las investigaciones de la agrupación llamada Xi’nich, apoyada por organizaciones de la sociedad civil de la entonces Misión Civil de Observación, el día de la masacre “los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder como: AR-15 y AK-47”, por lo que las implicaciones del gobierno son eje central sobre el reclamo de justicia.
En un documento firmado además por organizaciones como el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, se denunció que a 16 años de esa masacre los indígenas tseltales y ch´oles no han encontrado justicia, además de que los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.
Apenas el 25 de septiembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe de admisibilidad sobre el asunto, bajo el expediente No. 264/20. Se trata pues de un caso que no sólo ha presentado pruebas sobre la participación del Estado en la masacre, sino además de la indiferencia y complicidad con las que los tres niveles de gobierno han actuado durante años para proteger a los implicados e intentar dejar los hechos históricos en el “conveniente olvido”… así las cosas.
