Después de más de dos meses del error garrafal consumado por el Congreso de Chiapas con la imposición del Concejo Municipal en Teopisca, este martes el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas terminó por invalidar el procedimiento y ordenar la reinstalación del ayuntamiento electo en 2021. Sin embargo, la sentencia no parece terminar de fondo con la inconformidad social.
Los excesos del legislativo estatal para hacer valer pactos políticos y la prolongada demora para echar atrás el capricho han llevado al conflicto hasta instancias innecesarias. Así, lo que debió terminar con la elección de una o un presidente municipal interino, elegido de entre los miembros del cabildo, tras el lamentable asesinato del alcalde constitucional, hoy se encuentra en un nudo mucho más complejo.
No hubo sentido común y capacidad de análisis fundamental que evitara la imposición. Pese a las protestas pacíficas, las denuncias y la exigencia del pueblo de Teopisca para hacer valer la constitución en el relevo, el Congreso de Chiapas terminó entregando el gobierno municipal al cuestionado hermano del presidente ejecutado, quien ya había sido dos veces alcalde y traía a cuestas antecedentes de corrupción y abusos.
Desde entonces la insurgencia social en la zona se ha salido de control, afectando al resto de la población estatal con bloqueos intermitentes que, de alguna manera, se convirtieron en la única forma para que los pobladores fueran escuchados.
Así pasaron más de dos meses, con carreteras estranguladas y protestas reiterativas que fueron subiendo de tono. Hasta que finalmente este marte llegó la sentencia del Tribunal Electoral. En resumen, la resolución de la autoridad jurisdiccional revocó el dictamen del 22 de julio de 2022 emitido por Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Chiapas y por ende el Decreto 151 que impuso al Concejo Municipal y a Luis Valdez Diaz como presidente.
Además, ordenó restituir en el cargo a los miembros del ayuntamiento de Teopisca que fueron electos en 2021 y realizar de manera inmediata el proceso de sustitución de presidente municipal vacante de entre los miembros del cabildo. Sin embargo, en un punto importante de la resolución, el tribunal también acreditó que hubo violencia política contra la síndico, Josefa Sánchez, quien tras negarse a renunciar se convirtiera en pieza central de los señalamientos por las protestas.
Sin embargo, la resolución, que hubiese solucionado el centro de las exigencias durante el inicio del conflicto, ahora resulta insuficiente. Hoy, sesenta días después, los pobladores ya no confían en todos los miembros de ayuntamiento anterior. Y es que, por presiones o acuerdos oscuros, muchos de ellos terminaron renunciando y luego validando la imposición emanada del legislativo estatal. Varios de ellos, incluso, fueron integrados como concejales de Luis Valdez.
La operación política excedida desde el Congreso de Chiapas, que engañó una y otra vez a los pobladores inconformes, acabó por contaminar toda salida legal, sencilla y armoniosa al conflicto. Por eso hoy la restitución del ayuntamiento disuelto no acaba con la resistencia social, dentro de un problema que ya no puede seguir dejándose crecer.
Si bien este martes el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas abrió una posible salida al grave error cometido por el legislativo estatal, hoy está en el Congreso de Chiapas la capacidad de darle una solución democrática o inteligente para revertir sus desastrosos excesos y devolver de una vez por todas la paz a ese rincón de la entidad… así las cosas.
