El secuestro de San Cristóbal de las Casas, a manos viejas y mañosas organizaciones sociales, grupos de choque y hasta bandas delincuenciales perfectamente identificables (que se pasean en el absoluto descaro por las calles), ha rebasado muchos de los límites imaginables. La principal ciudad turística de la entidad chiapaneca vive hoy en una aparente ingobernabilidad que se agudiza con el paso de los años.

La creciente migración de comunidades externas hacia las periferias marginadas, el aumento del narcotráfico en la zona y la intervención de grupos políticos para armar y financiar a organizaciones violentas han llevado a la ciudad al punto de quiebre en el que hoy se encuentra. En San Cristóbal de las Casas los episodios de anarquía se han convertido en una vergonzosa constante que han superado -por mucho- la endeble capacidad de las autoridades municipales.

En el más reciente de los ejemplos, este lunes la ciudad fue prácticamente “estrangulada” por el cierre de todos los accesos a manos de integrantes de la Comach, quienes exigían la liberación de su líder, Martín Pale Santiz, detenido en el penal de El Amate por los delitos de secuestro y extorsión. Los arbitrarios bloqueos carreteros estuvieron plagados de abusos. Familias agredidas y automóviles vandalizados fueron algunos de los saldos reportados durante la mañana de este 10 enero.

Sin embargo, los episodios de violencia e ingobernabilidad durante los últimos años han sido todavía más alarmantes. San Cristóbal se ha vuelto “tierra de nadie”, donde las bandas delincuenciales desfilan en caravanas motorizadas, tirando balazos al aire para imponer sus condiciones a punta del terror irracional; donde se ejecutan periodistas en la puerta de sus hogares y los presuntos asesinos aparecen muertos y encajuelados a varios kilómetros de distancia.

En San Cristóbal las autoridades parecen vivir “arrodilladas” ante el poder de los grupos violentos y la impunidad que les otorgan su origen indígena y los micro cárteles del crimen organizado que se enconden detrás de ellos. Y es que, como olvidar que entre las víctimas recientes está nada más ni nada menos que el propio fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, asesinado en agosto pasado, o la niña Marisol, de tan sólo 7 años, alcanzada por una de las balas percutidas por “Los Motonetos” mientras dormía en su casa del barrio San Antonio del Monte.

Y los casos son muchos más. Entre los más escandalosos destaca el sucedió en agosto de 2018 cuando el taxista Isaías Trujillo fue asesinado a pedradas y palazos por integrantes de mismo grupo delincuencial y pobladores afines, luego de que el trabajador del volante fuera asaltado por uno de “Los Motonetos”. Isaías intentó perseguirlo para detenerlo, pero nunca imaginó que se encontraría con el resto de los delincuentes y varios vecinos cómplices que terminarían linchándolo en plena vía pública.

Otro episodio de relevancia mediática ocurrió en enero de 2020 cuando turista extranjero fue despojado de sus pertenencias y baleado, durante el día, en pleno andador turístico, y frente a numerosos testigos que observaron el atraco y la participación de los delincuentes sobre motocicletas para luego darse a la fuga. En ambos casos los hechos quedaron documentados por cámaras de video.

El último de 2021 sucedió el pasado 3 de diciembre cuando cinco ambientalistas fueron secuestrados por invasores de la reserva Cuxtitali. Los hechos ocurrieron luego de que dos peritos, una actuaria y dos ambientalistas ingresarán a la reserva ecológica para realizar diligencias jurídicas en torno al proceso federal que se sigue para la conservación de la Reserva Ecológica Quemvó Cuxtitali del Decreto 516. Sin posibilidad de negociación, fue el propio gobierno quien tuvo que pagar el rescate solicitado por los invasores para evitar que los secuestrados fueran linchados.

De los bloqueos a los accesos de la ciudad ni qué decir; se han vuelto pan de casi todos los días. San Cristóbal de las Casas hoy pide a gritos la aplicación del Estado de Derecho, del orden y de la justicia. Si bien ha sido una ciudad compleja por su interacción cultural, las familias sancristobalenses también han pagado caro las consecuencias de años de gobiernos rapaces, agudizadas durante el sexenio verde y acrecentadas por la incapacidad de las últimas administraciones municipales.

Fueron “demonios” que se alimentaron y dejaron crecer a base de complicidades e intereses políticos, y que ahora están por encima de la capacidad de la acción o atención gubernamental. San Cristóbal requiere acciones de inteligencia en materia de seguridad, para el combate real a los grupos delincuenciales y desestabilizadores, que vayan mucho más allá de acciones paliativas y, tal vez así, poder poner fin al secuestro en que vive esta importante ciudad de Chiapas… así las cosas.