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Mérito ciudadano al oscuro legado de Patrocinio González (En la Mira) Héctor Estrada Entre numerosos ciudadanos que han hecho verdaderamente aportaciones valiosas a la capital chiapaneca, y en medio de una absoluta discreción respecto al tema, el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez decidió otorgar este año la Medalla al Mérito Ciudadano “Gral. Joaquín Miguel Gutiérrez” al ex gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido, por “méritos” que ni siquiera han sido precisados y suenan más a complacencias de amiguismos políticos.

El evento protocolario, que de manera extraoficial está programado para la noche de este miércoles, ha desatado ya reacciones entre diferentes sectores de la población debido a lo controversial del homenajeado. Y no es para menos. Sobre los hombros de González Garrido pesan graves acusaciones respecto a los asesinatos de tres periodistas y al menos 11 personas homosexuales durante la década de los 90 que nunca fueron aclarados a cabalidad.

Su vinculación con el asesinato del periodista Roberto Mancilla Herrera, ejecutado a tiros en febrero 1993, cuyo busto se encuentra en el Parque de la Libertad (justo a un costado del Congreso de Chiapas), permanece como testimonio fiel de lo sucedido durante el paso del ex gobernador por los estratos del poder.

En los expedientes oscuros del ex secretario de Gobernación durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari también yacen los nombres de los periodistas Humberto Gallegos Sobrino y Alfredo Córdoba Solórzano, asesinados en 1989 y 1990 respectivamente. Y como pasar por alto una de las cacerías homofóbicas más escandalosas de las que se tenga registro en México.

Según expedientes de Amnistía Internacional, entre junio de 1991 y febrero de 1993, al menos 11 homosexuales fueron asesinados justamente en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con los indicios recogidos por grupos defensores de los derechos humanos, todos estos crímenes presentaron características similares que indicarían la existencia de una constante de violencia dirigida específicamente contra la comunidad LGBT+ en la región.

Algunos testigos sostienen que podría haber al menos otras 4 muertes violentas adicionales que no fueron reconocidas por las autoridades como parte de esta constante de violencia. Las investigaciones adolecieron de deficiencias administrativas y otras graves irregularidades desde su comienzo; así consta en la recomendación emitida por Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en julio de 1993.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, por lo menos tres de las personas detenidas en conexión con los homicidios declararon haber sido torturadas para confesar su supuesta participación en los mismos. Cuatro de los funcionarios presuntamente involucrados fueron extrañamente ascendidos en sus puestos; además de que el fiscal especial designado en abril de 1994 para continuar con las investigaciones renunció en junio de ese mismo año, alegando no haber recibido apoyo alguno de las autoridades locales.

Las víctimas sobrevivientes del sangriento episodio aún tienen las heridas abiertas y guardan silencio aterrorizadas pese al paso de las décadas. Y es que, aunque en abril de 2007 se intentó reabrir los expedientes, los resquicios de poder alcanzaron todavía para impedir el procedimiento y prolongar aún más la impunidad que hasta ahora permanece intacta. ¿Y a todo eso pretenden sumarle ahora una medalla al mérito ciudadano?

En agosto de 2018 sucedió un episodió similar con la entrega de la Medalla Miguel Álvarez del Toro por parte del Congreso de Chiapas al mismo Patrocinio González, que terminó bastante mal, convertida en un nudo de críticas y protestas contra el entonces gobierno de Manuel Velasco Coello y los diputados en turno. No obstante, resulta evidente que nada se aprendió de la mala experiencia pasada y este año se repetirá como resultado de una decisión unilateral, que ni siquiera fue aprobada por el cabildo en lo general.

Entregar una nueva presea a González Garrido, ahora como héroe ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, no sólo es una pésima decisión, sino que además representa costos políticos innecesarios para la de por sí endeble popularidad de Carlos Morales Vázquez. Consumar el reconocimiento significaría también una afrenta a la memoria de las víctimas y disolvería de facto toda esa supuesta empatía con los Derechos Humanos de la diversidad sexual que tan redituable les ha resultado a la hora de presumir iluminar edificios y ondear banderas de colores para las fotos en redes sociales… así las cosas.