El escándalo es mayúsculo; un hombre de 30 años murió tras ser brutalmente arrollado por un auto que participaba en un concurso de “arrancones”, en una muy concurrida arteria vial de San Cristóbal de las Casas. Ante las presiones, las autoridades salieron al paso y ofrecieron, primero, dar con los responsables y posteriormente, anunciaron la detención de dos funcionarios municipales de esa ciudad.
La pregunta surgió de inmediato: ¿Por qué el Director de Tránsito Municipal y el Sub Director de Protección Civil? Resulta obvio que hubo uno o varios organizadores; también es evidente que, por tratarse de un evento enmarcado dentro de las celebraciones de la Feria de la Primavera, el Ayuntamiento habría autorizado el cambio de fecha, hora y sede de los arrancones, prohibidos, por cierto, en muchas ciudades de Chiapas y del país.
De hecho, hay un organizador visible: Erick Hernández Suárez, coordinador de campaña (anticipada) del partido Mover a Chiapas en esa ciudad. Éste, según reportes y versiones recogidas con fuentes bien informadas, se ha negado a dar una explicación… O varias, en virtud de no estar considerado entre los objetivos de la Procuraduría de Justicia, probablemente, porque se le considera no responsable de lo ocurrido sino como a un “informante” efectivo de esa dependencia.
Sí, leyó bien. “informante” efectivo. Nuestras fuentes confirmaron que tras el lamentable accidente, Hernández Suárez corrió a la Fiscalía de San Cristóbal de las Casas a proporcionar todos los datos del auto y el conductor. Un delator, pues. Y lo peor: a las autoridades les habría dicho que el evento ya había terminado cuando se suscitó el percance e irresponsablemente, acusó al piloto de manejar en estado de ebriedad, lo cual, nos lo han corroborado algunos compañeros suyos, no es cierto.
Por razones de seguridad, el conductor del llamado auto naranja que atropelló a la víctima, se resguardó en un lugar seguro. Su familia, tenemos entendido, llegó a un arreglo con la familia del fallecido; hubo una indemnización y se otorgó el perdón. Si es jurídicamente correcto o no, las autoridades deberán determinarlo.
Lo preocupante es que la Procuraduría, trascendió la tarde de éste lunes, va no solo contra el piloto del auto sino también, contra su familia. Un hermano suyo, se supo, ya fue detenido, lo cual, señores, es un abuso de autoridad. Grave. Complicado asunto.
Ahora bien, Erick Hernández Suárez, según otras fuentes, surgidas del propio Ayuntamiento coleto, no contaba con los permisos necesarios para la realización de dicho evento. Según éstas, el organizador, incurrió en varias anomalías. Por ejemplo, cobró una especie de “impuesto” para que se instalaran en el lugar del trágico evento, ventas de cervezas y licores. Cobró también, a cada participante en los arrancones, 50 pesos para la realización de un examen toxicológico para “certificar” el buen estado emocional y físico de los corredores.
Lo cierto es que, admiten algunos corredores, la Cruz Roja, en ningún momento les realizó prueba alguna. A los participantes, se les entregó un papel para firmar, en el que aceptaban haberse hecho la prueba y nada más. Un fraude, a todas luces.
En cuanto a la negativa de que el Ayuntamiento haya avalado el evento, encontramos una contradicción: el viernes, personal de Vialidad Municipal, se dedicó a quitar los topes en el lugar donde sería éste. ¿Quién de esa corporación municipal autorizó quitarlos? Es claro que tenían conocimiento, aunque no hayan otorgado los permisos correspondientes.
Desde éste lunes por la mañana, la policía busca a los pilotos participantes. Pero no al principal organizador. ¿Por qué? ¿Quién lo está protegiendo? ¿Con qué objeto pretenden deslindarlo de un acto que dejó un muerto? Un funcionario de la PGR, negó hoy que empleado alguno de esa dependencia, esté tratando de proteger al principal implicado. Y es que la madre de Hernández Suárez, labora como MP de esa dependencia federal.
Por su parte, Enoch Hernández, líder de Mover a Chiapas, ofreció una conferencia de prensa para deslindarse del evento y de quien suponemos, fuera su coordinador de campaña en San Cristóbal. En esa ciudad, por cierto, cooperativistas y transportistas, enviaron una carta a las autoridades en las que exigen la liberación de los dos empleados municipales. En otras palabras, esto ya se volvió un desastre. Y todo, por engordar a la impunidad. Esperemos, se arregle cuanto antes el asunto, los verdaderos culpables, paguen, y cese la persecución contra gente inocente. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
