Los recientes casos de los municipios de Oxchuc y Tila en los que habitantes organizados han expresado formalmente sus intenciones para no participar en el próximo proceso electoral, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE), es consecuencia del fracaso de la “democracia mexicana” y sus prácticas fraudulentas que hoy tienen a las instituciones en el peor de los descréditos.
El caso Oxchuc tuvo su principal sentencia a principios del pasado mes de julio cuando el Tribunal Electoral reconoció el derecho al autogobierno de la población indígena de ese municipio y a elegir a las autoridades municipales mediante sus sistemas normativos internos (“usos y costumbres”), sin la participación de partidos políticos.
La determinación del tribunal precisó que el derecho de Oxchuc a nombrar a sus autoridades municipales sin la injerencia de los partidos políticos se sostiene sobre una sólida base jurídica que se funda en el “derecho madre”: el principio del derecho a la libre determinación y autonomía, fundamentado tanto en el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas) como en la legislación nacional y local.
Y en ese mismo camino se encuentra actualmente Tila, donde los líderes indígenas choles de diversas colonias, barrios y parajes del municipio de Tila advirtieron apenas el pasado 2 de agosto que no permitirán más la presencia de partidos políticos en esa localidad, y que elegirán a sus autoridades a través de los usos y costumbres tradicionales.
Luego de una marcha para celebrar los 83 años de la fundación del ejido, lanzaron un pronunciamiento público dirigido a los gobiernos estatal y federal, y a las autoridades electorales, en el que manifestaron su rechazo a los partidos políticos. Señalaron que ahora son poco más de 10 mil personas integradas al movimiento, quienes desde hace varios meses expulsaron a las autoridades municipales elegidas mediante grupos caciquiles, alternándose el poder bajo las siglas del PRI y el PVEM.
Y es que, no es para menos. El último proceso electoral de 2015 mantiene aún a numerosos municipios y comunidades indígenas de Chiapas en sendos conflictos postelectorales. El ejemplo vivo más reciente es del ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, en el que un total de 241 tzotziles tuvieron que abandonar sus casas por la disputa de la alcaldía entre la presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez y el síndico del ayuntamiento, Miguel Sántiz Alvarez.
A lo anterior se suman episodios vergonzosos como los asesinatos públicos del alcalde y síndico de San Juan Chamula, Domingo López González y Narciso Lunes Hernández; así como el secuestro y exposición pública del presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el diputado Carlos Penagos Vargas, a razón de los mismos conflictos postelectorales. Además de otros tantos ejemplos ya del dominio público.
Los casos de Oxchuc y Tila expresan abiertamente el fracaso del “sistema democrático nacional”, que ahora enfrenta en los pueblos indígenas de Chiapas uno de sus mayores obstáculos para mantener el control partidista dentro de ese importante sector. No es nada distinto el sentimiento de desconfianza y hartazgo que persiste en el resto población donde los partidos también parecen estar completamente rebasados, pero las oportunidades de salidas jurídicas son menores.
El sistema de partidos en México y las pésimas actuaciones de los árbitros electorales ante la consumación de fraudes flagrantes tiene hoy a México en la mayor crisis de credibilidad democrática, con una ciudadanía enojada, frustrada y desanimada que pide a gritos un cambio real en los procesos, lejos de las prácticas tramposas y denigrantes desbordadas en cinismo absoluto… así las cosas.
