Una verdadera burla cínica terminó siendo la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y su excesiva campaña desplegada a nivel nacional en 2013 para promover su primer informe de gobierno, pagada con recursos públicos y en evidente violación a las leyes electorales.
Y es que, el TEPJF decidió finalmente revocar la resolución del Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE), del pasado 28 de septiembre, que había sentenciado a Manuel Velasco como culpable de transgredir las leyes electorales por la difusión de su informe anual en publicaciones impresas que excedían por mucho los límites territoriales del estado que gobierna.
Aunque parezca fuera de toda lógica, la nueva resolución de tribunal electoral determinó que el gobernador de Chiapas no pude considerarse responsable de las políticas de comunicación social que se implementan dentro de su propio gobierno, debido a que, según el TEPJF, el mandatario chiapaneco no es quien toma las decisiones de manera directa en esa materia.
“No es responsable necesariamente de la actividad que, en ejercicio de sus atribuciones, realice el titular del Instituto de Comunicación Social de esta entidad federativa, dado que el actuar de este último funcionario deriva de las políticas que en materia de comunicación social establece él mismo”, dijo el TEPJF en un comunicado.
De esta manera, se confirmó que el Gobierno de Chiapas si cometió una violación flagrante a las leyes electorales, pero la responsabilidad absoluta sólo resultó atribuible al Director General de Comunicación Social. Se eximió entonces de toda responsabilidad a Manuel Velasco, en una determinación ampliamente impugnable.
Y es que, a diferencia de otras resoluciones similares, de manera sospechosa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta vez decidió no aplicar el principio jurídico de “Culpa in Vigilando” que responsabiliza por lógica organizacional a la autoridad superior de las acciones realizadas por subordinados dentro de las tareas ligadas a sus competencias.
El principio reconocido por el TEPJF mediante una tesis jurisprudencial ha sido aplicado ya en otros casos similares donde las autoridades superiores habían tratado de eximirse de las responsabilidades judiciales, intentando responsabilizar totalmente a los subalternos para escaparse de la acción de la justicia.
Bajo la lógica de la resolución emitida por el tribunal electoral en el caso Chiapas, ahora resulta que el Gobernador de Chiapas no podría ser responsabilizado por ninguna acción de gobierno, por lo menos las que no estén ejecutadas directamente por él. Así, estaría exento de toda responsabilidad jurídica sobre el accionar de las políticas públicas implementadas por cualquiera de sus funcionarios.
Pero no señores, la determinación del TEPJF está plagada de recovecos impugnables que deben someterse a revisión. La responsabilidad de Manuel Velasco es innegable y debe hacerse efectiva en la aplicación de la ley. El desconocimiento del gobernador chiapaneco sobre lo que se hace dentro de su gobierno no puede ser argumento válido para liberarlo de responsabilidades evidentes e imputables bajo la más elemental lógica jurídica.
