Hace algunos meses, un funcionario de la Fiscalía, me ofreció un dato preocupante en torno a la espiral de violencia que no deja de crecer en las principales ciudades de la entidad: de cada 10 delincuentes detenidos, dos son chiapanecos, tres centroamericanos y cinco provenientes de otros estados del país como Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México.
Entre los delitos atribuidos a los chiapanecos son robo a casa habitación, riñas callejeras, lesiones con arma blanca punzocortante, violencia intrafamiliar, faltas a la moral y homicidios en diferentes modalidades. En tanto que, al resto, se atribuyen asaltos bancarios y establecimientos comerciales, secuestros (que los hay, pero oficialmente se ocultan), ejecuciones, tráfico de personas y drogas… Delitos de los llamados “de alto impacto”.
Lo anterior, me dijo el funcionario, es del pleno conocimiento de las autoridades locales, estatales y federales. Pero no tienen una estrategia integral para combatir a los grupos criminales que operan en Chiapas, pese a que, según la fuente, sí están detectados, identificados e incluso, localizados.
Hay ahí una especie de complicidad, derivada de múltiples factores que van desde el soborno, hasta la repartición de ganancias, cuando no, miedo a eventuales venganzas de quienes, en los últimos días, han incrementado la violencia, especialmente en la capital del estado.
Los asaltos violentos se han convertido en casi una cotidianeidad, ante lo que la autoridad —incompetente— nada ha podido o querido hacer. En todo caso se han ido por la tangente, minimizando el impacto de la criminalidad o desviando la atención con discursos francamente irrisorios o sencillamente, increíbles.
A la incompetencia y complicidad, se debe agregar la indiferencia y la ausencia de voluntad para someter a los criminales y llevarlos a los tribunales. Hace unos días, un empresario capitalino murió acribillado al resistirse al robo de su camioneta. De inmediato se intentó desvirtuar el hecho, difundiendo a través de terceros, versiones que desacreditaban en cierto modo a la víctima.
Hay que decir que ni la Fiscalía, ni los cuerpos de policía (“acreditable”, según la propaganda oficial), cuentan con equipo adecuado y mucho menos, con grupos de élite especializados para hacer frente al reto de la creciente inseguridad. Las “investigaciones” son por demás burdas, insuficientes y pobres.
Eso sí, los boletines de prensa oficiales, presumen integraciones investigativas muy al estilo de las series de televisión gringas, cuando en realidad, los agentes ministeriales, no tienen elementos de trabajo necesarios para una investigación científica, forense y técnica.
Han sido recurrentes los asaltos a cuentahabientes; nadie investiga al o los cajeros, que son quienes saben que cliente retiró tal cantidad de dinero. Porque no asaltan al azar, sino de manera extraordinariamente selectiva. ¿Quién avisa a los delincuentes la cantidad que la víctima lleva? ¿Cómo saben, exactamente, en que bolsillo lleva el efectivo?
Minucias como esas, jamás son investigadas, precisamente porque nuestros “detectives”, aparte de no contar con los instrumentos apropiados, carecen de sentido común y por lo menos, nociones sobre criminología. ¡Ah, pero según los funcionarios de alto rango, son los mejor capacitados del planeta!
Nos preguntamos: ¿Dónde están los millones y millones de pesos que se han invertido para adiestrar a los cuerpos policíacos? Salvo la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, ha publicitado su inversión en capacitación. Las demás instancias, han hecho mutis al respecto. No obstante, hace unos días, los mismos policías protestaron por la falta de equipamiento y otras garantías que hacen ineficiente su trabajo.
Quien deba, está obligado a ordenar una investigación exhaustiva de a dónde van a parar los recursos para la adecuada capacitación policial. En tanto, debe profundizarse en el trabajo para detener la delincuencia. Salir con tonterías cada vez que hay un asalto o un homicidio, es contraproducente, puesto que la sociedad, ya no duerme. Está pendiente y exige de sus autoridades, resultados concretos, no excusas indolentes.
No pueden, los gobernantes de los tres niveles, permanecer con los brazos cruzados, haciendo como que la virgen les habla. Es una felonía, similar a la que cometen los criminales, dejar que nuestras ciudades se inunden de sangre trabajadora e inocente.
Por el bien de Chiapas, deben ponerse a trabajar en serio en el tema y garantizar, de hoy en adelante, la seguridad de los ciudadanos. Dejar que el fenómeno crezca, es traicionar a quienes los eligieron. ¿Qué no?
