PUEDJS UNAM, Ley Olimpia y Barra Mexicana de Abogados presentan posicionamiento público para defender los derechos digitales en el T-MEC
- No pueden estar los intereses comerciales por encima de los derechos humanos”, Olimpia Coral, activista.
- “Hay un peligro real de que, si las cosas se mantienen como están, se pueda cimentar una impunidad” John M. Ackerman, director del PUEDJS UNAM.
- “Las víctimas no deberían acudir a otras jurisdicciones para obtener la protección que el Estado mexicano está obligado a garantizar”, Jorge Jesús Sepúlveda García, vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Ante el inicio del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una alianza integrada por el Movimiento Ley Olimpia, a través de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales; Tlatelolco Lab, laboratorio digital del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM; y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA), lanzó un llamado público para reformar el Capítulo 19 del acuerdo comercial y garantizar que los derechos humanos ocupen un lugar central en la regulación de los servicios digitales.
Las organizaciones impulsoras advirtieron que las disposiciones actuales en materia de comercio digital favorecen la inmunidad jurídica de las grandes plataformas tecnológicas y limitan la capacidad de los Estados para proteger efectivamente derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales, el acceso a la justicia y la seguridad de las personas usuarias de internet.
Como parte de esta iniciativa se presentó un Manifiesto y un Estudio Técnico que proponen modificaciones a los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 del tratado, con el objetivo de fortalecer la transparencia de las plataformas digitales, garantizar su cooperación con las autoridades nacionales cuando se investiguen violaciones a derechos humanos y establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas.
El Manifiesto, el Estudio Técnico y la petición ciudadana para respaldar esta iniciativa se encuentran disponibles para consulta y firma en el siguiente enlace https://puedjs.unam.mx/digitalidad-y-derechos-humanos/. Las organizaciones promotoras hicieron un llamado a sumar esfuerzos para impulsar una revisión del T-MEC que garantice la protección de los derechos humanos en el entorno digital.
Durante la presentación del posicionamiento, el director del PUEDJS, John M. Ackerman, advirtió que la revisión del tratado representa una oportunidad histórica para corregir vacíos normativos que actualmente benefician a las grandes corporaciones tecnológicas. “Hay un peligro real de que, si las cosas se mantienen como están, se pueda cimentar una impunidad, una opacidad y una extraterritorialidad que ponga en riesgo los derechos humanos de las y los mexicanos”.
Las organizaciones señalaron que el actual diseño del capítulo de Comercio Digital dificulta que las autoridades nacionales puedan acceder a información necesaria para investigar delitos y violaciones a derechos humanos ocurridas en entornos digitales, además de obstaculizar la aplicación efectiva de legislaciones nacionales destinadas a proteger a las víctimas de violencia digital.
Desde la perspectiva jurídica, Jorge Jesús Sepúlveda García, vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, sostuvo que la discusión no debe entenderse como un intento de restringir la innovación tecnológica, sino como un esfuerzo por garantizar mecanismos efectivos de protección para las personas usuarias. “Resulta difícil justificar que una persona afectada en su intimidad, en su honor, en su integridad personal o incluso en su seguridad deba acudir a procedimientos complejos en otra jurisdicción para obtener una protección que las autoridades mexicanas están obligadas constitucionalmente a garantizar”.
Uno de los principales ejes del posicionamiento es la necesidad de reconocer que los impactos de la violencia digital trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas entre gobiernos, instituciones y empresas tecnológicas. En ese sentido, Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia y representante de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, enfatizó que los intereses económicos no pueden prevalecer sobre la protección de las personas. “No pueden estar los intereses comerciales por encima de los derechos humanos”.
La activista señaló que la falta de cooperación efectiva por parte de algunas plataformas digitales continúa representando un obstáculo para el acceso a la justicia de miles de víctimas de violencia digital en México y América Latina, particularmente en casos relacionados con la difusión no consentida de contenido íntimo, violencia sexual digital y otras formas de agresión facilitadas por las tecnologías.
La iniciativa también hace un llamado a organismos públicos, universidades, organizaciones sociales, legisladoras y legisladores, especialistas y ciudadanía en general a sumarse a la discusión sobre el futuro de la gobernanza digital en América del Norte mediante la firma de una petición pública y el respaldo al manifiesto.
El posicionamiento fue presentado públicamente en la Torre de Tlatelolco de la UNAM, con la participación de representantes de instituciones públicas, legisladoras, especialistas en derecho, académicos y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos digitales.
Revive la transmisión:
https://www.youtube.com/live/C8YkhG98NEk?si=nH6GR0otxOZ5ABth
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