Ciudad de México, México. 04 de julio de 2025.- Después de tres años en los que el Ayuntamiento Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zac. debió establecer y operar el programa de cierre, remediación y monitoreo del basurero municipal que se conoció como “el mejor relleno sanitario del Estado de Zacatecas”, a la fecha el programa y las acciones no se han concluido. Esto propiciará que, durante una temporada más de lluvias, se enfrente el riesgo de escape de contaminantes producto de los RSU ahí depositados, que según un cálculo muy conservador, rondan alrededor de las 12 mil toneladas de basura de todo tipo. Por ello, urge la intervención de PROFEPA y SEMARNAT a nivel federal para asegurar el monitoreo y la supervisión del proceso.

Entre los riesgos más latentes, que han continuado desde 2019, se encuentran:

a). Expansión de contaminantes vía subterránea y que pueden seguir impactando las fuentes naturales de agua sobre el arroyo de los Tecongos.
b). Derrame de lixiviados de la charola medio tapar, y su fuga a cuerpos de aguas superficiales y subterráneas del arroyo mencionado, y por consiguiente al río Tlaltenango, en la cuenca Lerma- Santiago.
c). Combinación de las aguas pluviales con las aguas contaminantes provenientes de la charola que luego salen hacia los terrenos de cultivo o hacia el lecho del arroyo.
d). Dispersión de contaminantes y riesgo de enfrentar brotes de enfermedades infecciosas, En noviembre-diciembre de 2020, hubo un brote de hepatitis en los habitantes de uno de los barrios más cercanos al basurero.

Dicho basurero tuvo un costo mayor a los 25 millones de pesos, ejercidos de forma fraudulenta entre 2017 y 2018.
Toda una trama de hechos y vicisitudes se han vivido posterior a la clausura total definitiva del basurero en noviembre de 2022, por parte de la autoridad federal, representado por la PROFEPA.

Entre los más destacados podemos mencionar:

1. Burocratismo, falta de capacidad técnica, de conocimiento, material y económica de los responsables dentro del Ayuntamiento Municipal, que con la actual, ya suman tres administraciones distintas.

2. Cambio de administración federal, por lo que las dependencias federales SEMARNAT y PROFEPA, se desentendieron absolutamente del seguimiento al debido proceso para avanzar en las labores de cierre, remediación y monitoreo.

3. Minimización por parte de las administraciones municipales del impacto ecológico y a la salud que éste basurero ha tenido desde un escaso mes de su puesta en operación y hasta la fecha. Llegando a señalar, entre otros “la calidad de esta agua (refiriéndose a la proveniente de la pila de los lixiviados) es excelente”. “Su agua ya estaba contaminada antes de que se pusiera en operación el basurero”, o en el informe de CONAGUA en enero de 2021, “¿de qué se quejan? Si en el polígono que abarca desde San Isidro hasta los Aguajes, no existen cuerpos de agua, ni superficiales ni subterráneos que puedan ser contaminados”, para citar algunos ejemplos.

4. Irresponsabilidad marcada por parte de las autoridades municipales en las diferentes administraciones, al NO presentar un programa de cierre completo, que atienda y resuelva de forma integral el problema, y sobre todo a su negativa a presentar una inversión económica que permita contener, remediar y monitorear el sitio en cuestión. Por el contrario, lo mejor que pudieron hacer fue presentar un amparo contra las decisiones de la autoridad federal; aun cuando el daño era más que evidente. 5. El manejo burdo del agua extraída de la pila de los lixiviados (en mayo de 2025) misma que, una vez bombeada, la
autoridad municipal la depositó en el cauce del río Tlaltenango.

5. Opacidad y lentitud en las acciones de cierre, aunado a la falta de recursos económicos, humanos y de maquinaria suficientes.

Aunque a partir de 2025 y ante la insistencia y exigencia de la comunidad, se avanzó un poco más, el proceso sigue inacabado. Con el entramado de los hechos mencionados anteriormente podemos señalar:

1.- Nunca hubo un programa estructurado para atender y ejecutar labores de cierre. Justo apenas a mediados de junio de este año fue entregada, por parte de la PROFEPA federal, una copia del programa de cierre para que la autoridad municipal responsable atendiera y modificara de acuerdo a las observaciones señaladas por la autoridad ambiental.

2.- Al no haber un programa de cierre al cual darle seguimiento y sin un presupuesto asignado de forma específica, se produjeron jaloneos y desencuentros entre la autoridad municipal, comunidad y los mismos trabajadores que atendían las labores de remediación. Esto se tradujo en lentitud y poca claridad en dichas acciones.

3.- La cubierta tipo domo y la cubierta final de la charola quedó inconclusa. En algún momento se planificó uso de cal y tepetate como cubierta final. Lo cierto es que quedó plana, y con el riesgo de deslaves, desgajes o hundimientos debido a la basura depositada ahí y por el efecto del agua de las tormentas. La comunidad insistimos siempre en la necesidad de impermeabilizar y garantizar que no hubiera escurrimiento de agua pluvial al interior de la misma.

4.- En el punto anterior se solicitó un levantamiento topográfico por parte de obras públicas. Dicho levantamiento quedó incompleto, dada la falta de información del arquitecto responsable. Un estudio proyectivo que permitiera reconocer desniveles, declives, altura máxima del domo, e incluso, cantidad de materiales a utilizar. Aun cuando existe el compromiso con el responsable de obras públicas de la actual administración, a la fecha no se ha hecho.

5.- La reingeniería geológica del sitio quedó inconclusa: si bien se lograron tapar las dos pilas de lixiviados, quedó inconcluso la cuestión de los niveles y de las pendientes para buscar el cauce natural del agua pluvial. Tampoco se rellenaron los huecos de donde se extrajo tierra para conformar los bordos de la charola de residuos. La revisión de las bocas de tormenta no se ha hecho.

6.- Aun cuando el Ayuntamiento municipal actual, a través del Departamento de Ecología de la UAZ, solicitó unos estudios de agua de lixiviados y de suelo a la UAZ, más para justificarse y protegerse que por otro motivo, la comunidad de Cicacalco hemos señalado reiterativamente el impacto del sitio en el territorio y las formas de vida de la comunidad. De igual forma, con apoyo externo, hemos detectado y señalado las inconsistencias y errores en el diseño de tomas de muestra y análisis de resultados de laboratorio de organismos como el IMTA, el INECC, así como el de la misma UAZ.

7.- Urge ir estableciendo el programa de monitoreo del sitio, que de acuerdo a la ley marca un tiempo de 20 años.

Sabiendo que el compromiso por el medio ambiente sano y la lucha por garantizar el derecho a la salud en nuestra comunidad no termina con la declaratoria de clausura, seguiremos insistiendo para que el programa de atención al cierre, remediación y monitoreo del basurero, sea algo que pueda ponerse en la práctica y ayude a solventar las problemáticas detectadas y no sólo un papel más.
Comunidad Indígena de Cicacalco, a 1 de julio de 2025.

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