Comunicado a las Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento, Personas por la Democratización del Sector Hídrico, Legisladoras y Legisladores Conscientes de que la Gestión del Agua debe ser Equitativa, Sustentable y Justa
Nos dirigimos a ustedes, guardianes y guardianas del agua, personas miembros y representantes de las organizaciones comunitarias del agua, que diariamente trabajan por garantizar el acceso a este recurso vital en las zonas más marginadas del país.
Así mismo, extendemos este mensaje a las y los legisladores conscientes que han mostrado su apoyo en la lucha por el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. En México, más de 20,000 organizaciones comunitarias proveen servicios de agua y saneamiento al menos a 25 millones de personas.
Estas organizaciones han surgido en un contexto donde los municipios, obligados constitucionalmente a proveer estos servicios, no han logrado hacerlo, dejando en el rezago a las poblaciones rurales, periurbanas y dispersas.
A pesar de trabajar en condiciones adversas y con recursos muy limitados, estas organizaciones construyen, operan y dan mantenimiento a infraestructura básica, hacen labores de gestión ante instancias para mejorar los servicios de agua y saneamiento, buscan capacitación, promueven el cuidado del agua en sus comunidades, entre otras actividades. Y todo ello de manera honorífica, es decir, sin paga alguna, sólo la necesidad de contar con tan fundamental derecho y con el compromiso de servicio a su comunidad.
La importancia de la gestión comunitaria del agua es innegable. Ha demostrado ser una estrategia eficaz y económica para la provisión de estos servicios en los lugares con mayor marginación. Es decir, la gestión comunitaria del agua ofrece excepcionales beneficios, pero enfrenta una constante tensión con los municipios, que, aunque no logran cubrir el servicio, sí reciben los recursos destinados para ello.
Es importante valorar el trabajo de las organizaciones comunitarias y comprender que son actores fundamentales para lograr cubrir la brecha de desigualdad en la gestión del agua a escala municipal. Lo justo es que se destinen recursos a las organizaciones comunitarias, para que dejen de operar en condiciones precarias y marginales, y por el contrario puedan fortalecer sus capacidades que les permita mejorar la calidad de sus servicios de acceso al agua y atiendan el creciente problema de acceso a saneamiento, para lograr no solo la urgente reducción de desigualdad sino sostenibilidad y capacidad de resiliencia.
Así se garantizarían servicios de calidad que, por derecho, deberían llegar a estas comunidades. En noviembre de 2023, las diputadas Adriana Bustamante Castellanos y María Eugenia Hernández Pérez presentaron una iniciativa de reforma al Artículo 115 de la Constitución para otorgar reconocimiento jurídico a la gestión comunitaria del agua.
Esta reforma insta a los municipios a reconocer, a fortalecer y a coadyuvar con la gestión comunitaria del agua, de tal manera que los recursos puedan llegar de manera directa a éstas organizaciones y que se les proteja frente a intervenciones abusivas, como los intentos actuales de algunos municipios por despojarlas de sus sistemas de agua.
Para consultar la iniciativa completa, visita: Gaceta Parlamentaria 14 de noviembre de 2023.
En la comprensión de que legislar debe ser un acto cercano al pueblo, en un diálogo amplio y permanente, la construcción de esta propuesta desde el año 2022, involucró la experiencia de asociaciones de organizaciones comunitarias de Chiapas, Campeche, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, así como de organizaciones de la sociedad civil que las respaldan como Cántaro Azul, Fondo para la Paz, Centinelas del Agua.
Se contó también, con el apoyo del Inventario Nacional de Calidad del Agua y con el aporte fundamental de Redes del Agua como agrupación de organizaciones que promueven los derechos humanos al agua y al saneamiento en Latinoamérica.
La Dip. Adriana Bustamante y la Dip. Maria Eugenia facilitaron el acercamiento directo de las y los gestores comunitarios con otros y otras legisladoras para que conocieran la pertinencia de la iniciativa, junto con sus equipos en coordinación con las organizaciones comunitarias y las asociaciones civiles, también llevaron a cabo diversos eventos dentro del Congreso para incentivar la discusión.
De uno de ellos, asistió el Dip. Juan Ramiro Robledo Ruiz quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales en la actual legislatura, quien, acercándose a la experiencia de las y los gestores comunitarios del agua, se comprometió a dar seguimiento a la dictaminación de la iniciativa. En este contexto, el Diputado Joaquín Zebadúa presentó una nueva iniciativa de reforma al Artículo 115 de la Constitución. Esta propuesta se basa en su experiencia como presidente municipal, donde impulsó la creación del primer Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento en Berriozábal, Chiapas.
En dicho organismo, la junta de gobierno está compuesta mayoritariamente por representantes de la gestión comunitaria del agua, lo que demuestra que estas organizaciones pueden coadyuvar con los municipios en el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, y los municipios trabajar en colaboración con las organizaciones comunitarias y lograr una visión legítima y de largo plazo de la gestión del agua .
La iniciativa, que busca otorgar reconocimiento jurídico a la gestión comunitaria del agua sin fines de lucro como una forma organizativa para reducir las brechas de desigualdad y cumplir con la obligación del Estado, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 10 de enero de 2024.
Ambas iniciativas fueron referidas durante la Mesa de Diálogo: La importancia del reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua para el avance de los derechos humanos al agua y al saneamiento en México, realizada el 19 de junio de 2024, evento de suma importancia puesto que contó con la participación del Dr. Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.
Para consultar la iniciativa completa, visita http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2024/01/asun_4691889_20240110_1704919663. pdf
Debido a la relevancia del tema y al seguimiento puntual que diera la Dip. Adriana Bustamante como vicecoordinadora de la bancada de Morena y del compromiso expresado por el Dip. Juan Ramiro Robledo, en el Dictamen a la reforma constitucional enviada por el presidente López Obrador en materia de alimentos, medio ambiente sano y protección del agua, en el que se modifica, entre otros, el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le brinda reconocimiento jurídico a la gestión comunitaria del agua y se aduce que los municipios están obligados a reconocerla, fortalecerla y a coadyuvar con esta.
Las palabras se quedan cortas para expresar la emoción de presenciar un acto de justicia histórico, puesto que el dictamen en lo general fue aprobado en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 14 de agosto de 2024. Sin embargo, durante la sesión, se presentó una reserva que, sin considerar a las organizaciones comunitarias del agua, distorsiona el reconocimiento jurídico y va en sentido opuesto a lo aprobado en lo general, reduciéndolo a un mero acto administrativo bajo control de los municipios.
Esta reserva otorga a los municipios la facultad de autorizar, vigilar y revocar a las organizaciones comunitarias, ignorando su autonomía y su vital contribución al bienestar de las comunidades rurales e indígenas y a la urgente atención que se debe de dar a estas comunidades marginadas.
¡Es una contrarreforma puesto que pone en peligro la existencia misma de estas organizaciones! Por ello, hacemos un llamado urgente a las organizaciones comunitarias del agua y sus asociaciones para que, dentro de sus posibilidades, se pronuncien en contra de esta reserva que lamentablemente fue aprobada.
Asimismo, hacemos un llamado a las diputadas y diputados que continuarán en la próxima legislatura, y que conocen de cerca la gestión comunitaria del agua, como el Dip. Joaquín Zebadúa, el Dip. Leonel Godoy, la Dip. Xochitl Zagal, el Dip. José Narro, la Dip. Flor Esponda, entre otros, a que no permitan que esta injusticia se plasme, y que preserven el espíritu original de la reforma al corregir esta situación cuando el dictamen se discuta en el pleno. No permitamos que el acto de legislar esté alejado del pueblo y termine convirtiendo iniciativas virtuosas en contra del pueblo. Defendamos juntos una gestión equitativa, sustentable y justa del agua para todas y todos.