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Amnistía internacional mexicoMéxico, DF.- Amnistía Internacional aseguró que la investigación de la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa ha sido fallida.

Lamentó el anuncio de la PGR del agotamiento de la línea de investigación del asesinato de los 43 estudiantes por criminales organizados.

Y exigieron la apertura de más líneas de investigación, entre ellas, las que involucren a militares del batallón 27 de Iguala y a las autoridades que conocían de los vínculos de servidores con el crimen organizado.

“Ha sido muy limitado, primero, porque no abre múltiples líneas de investigación frente a acusaciones del involucramiento de autoridades a diferente nivel e inclusive el ejército entra, las evidencias forenses han sido mínimas, pero también otro tipo de evidencias técnicas que una procuraduría general de la república, de un país como México, tendría que tener claramente en sus procedimientos de investigación”, Erika Guevara Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Se refirieron al anuncio de los forenses austríacos sobre la incapacidad de identificar el ADN de los restos quemados en Cocula.

Y al mensaje del Procurador General de la República en el que aseguró que hay evidencias sólidas que demuestran que los normalistas fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos.

“Para nosotros es una gran preocupación porque pareciera que esto es una justificación que utiliza la PGR para confirmar su investigación y empezar a cerrar filas frente a la investigación por estos graves crímenes, parte de la prisa que el Gobierno tiene por cerrar este caso es para empezar, de alguna manera a voltear los ojos de la opinión internacional, de la comunidad internacional hacia otro lado”, Erika Guevara Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Destacaron que hacen falta investigaciones más profundas sobre alegaciones de tortura para obtener declaraciones de algunos detenidos.

Solicitaron al Estado Mexicano que brinden todo el apoyo a los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vendrán para dar seguimiento al caso.

Mario López Peña