El 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2023 se llevó a cabo el evento “Avances y retos en la implementación de la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas que hace el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que además contó con la participación de alrededor de 44 mujeres mexicanas de diversos estados del país.

 

Los objetivos principales del evento fueron abordar los avances, retos y aprendizajes en la implementación de la Recomendación General 39 de la CEDAW mediante espacios de análisis y reflexión para la consolidación del posicionamiento del Estado mexicano a nivel internacional; y, por otra parte, difundir los resultados de esta implementación y consolidar el posicionamiento del Estado mexicano en torno a dicha recomendación.

 

El encuentro fue inaugurado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Joel Hernández García, y el coordinador general de Patrimonio Cultural y Educación Indígena, en representación del director general del INPI, Gustavo Adolfo Torres Cisneros; ambos coincidieron en la importancia de abrir el diálogo sobre este tema para asegurar que todas las personas lo conozcan y puedan beneficiarse de éste.

 

Asimismo, en el acto inaugural se contó con la participación de la coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Sandra Patricia Mendoza Durán; la presidenta municipal de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, Martha Bautista Zámano, como autoridad comunitaria; María Gatica Nava de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM); y del relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay.

 

El evento incluyó una conferencia magistral a cargo de Leticia Bonifaz Alfonzo, experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, donde se abordaron los principales aspectos de la Recomendación General y se compartieron reflexiones y perspectivas internacionales para su aplicación a nivel comunitario.

 

También se realizaron intervenciones especiales de la expresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), María Eugenia Choque Quispe; la representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, Leonor Zalabata Torres; así como de Reyna Miguel Santillán, del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del estado de Oaxaca; Sandra Ceballos, de la Universidad de Buenos Aires; y del presidente actual del FPCI, Darío José Mejía Montalvo.

 

Durante el encuentro se llevaron a cabo seis mesas de trabajo sobre temas de discriminación y violencia de género; educación y cultura; alimentación y salud; territorio y medioambiente, acceso a justicia; y participación plena efectiva de las mujeres. Durante estas mesas, las mujeres indígenas consideraron necesario que las instituciones trabajen de manera transversal la atención de sus necesidades, respetando y reconociendo sus conocimientos tradicionales; que se les pueda otorgar mayor información sobre sus derechos y los procesos internacionales para fortalecer sus capacidades sin discriminación; que se fortalezcan los datos desagregados para la ejecución de las políticas públicas; que los programas gubernamentales puedan contar con una perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad; entre otros asuntos.

 

El Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público en el actual proceso de transformación nacional y la renovación de la vida pública. Así, el seguimiento a la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas es trascendental para orientar a los Estados a implementar acciones que les garanticen dichos derechos, tanto individuales como colectivos.

 

Con esta reunión, México reafirma su compromiso y sus esfuerzos para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas para la construcción de una sociedad más justa y próspera, a fin de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.

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