En el marco de la IX Reunión Conjunta de Consultores Jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargados de los temas de derechos internacional y de la sesión del Comité Jurídico Interamericano, celebradas de manera simultánea en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, México convocó el día de hoy al conversatorio “Responsabilidad corporativa de las empresas productoras de armas y sus afectaciones a los derechos humanos en el ámbito interamericano”.
El evento congregó a consultores jurídicos de la región, organizaciones especialistas en materia de tráfico de armas y municiones, derechos humanos y derecho internacional, así como a representaciones consulares, periodistas y estudiantes. El conversatorio, convocado por el Consulado General de México en Río de Janeiro y celebrado en la sede del Consulado General de Argentina de esa ciudad, tuvo el propósito de generar un diálogo sobre el tráfico de armas en América Latina, particularmente en los contextos de México y Brasil. La consulesa general de Argentina en Río de Janeiro, Ana Sarrabayrouse, y el cónsul general de México en esa ciudad, Héctor Valezzi, inauguraron el conversatorio.
Miguel Ángel Reyes Moncayo, consultor jurídico adjunto “A” de la SRE, compartió con la audiencia la estrategia de litigio estratégico desarrollada por México para hacer frente al tráfico de armas en el país, así como los detalles sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la responsabilidad corporativa de las empresas fabricantes de armas y sus afectaciones a los derechos humanos. Manifestó que la intención de México es que todos los actores relevantes, incluyendo los privados, asuman la parte que les corresponde para reforzar, con una visión de responsabilidad compartida, la cadena de diseño, comercialización y distribución de armas, que permita prevenir el tráfico ilícito de armas hacia América Latina y el Caribe.
Por su parte, Marcela Garcia Corrêa, de Amnistía Internacional Brasil, planteó el panorama de las políticas de disponibilidad de armas en Brasil y su impacto en la seguridad pública. La investigadora compartió un análisis pormenorizado de los retos del contexto de violencia en el país sudamericano, particularmente en Río de Janeiro, y subrayó la imperante necesidad de incluir el control de armas en los diseños de política pública para la seguridad pública.
En el conversatorio también participó Eugenia Carbone, directora de Programas para América Latina del Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities y secretaria técnica de la Red Latinoamericana para la prevención de genocidio y atrocidades masivas, quien realizó un análisis teórico de los impactos del comercio de armas en la agenda de derechos humanos, prevención del genocidio y atrocidades masivas. Carbone señaló que las atrocidades masivas no son eventos espontáneos, sino procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo, y que merecen ser atendidos mediante procesos de responsabilidad para su prevención, en los que pueden participar tanto Estados como empresas.
En su calidad de miembro del Comité Jurídico Interamericano y relator para el tema de empresas y derechos humanos, el comisionado Alejandro Alday expresó que el Comité tendrá que efectuar un análisis normativo en cada país para constatar si las disposiciones bajo las cuales operan las empresas de armas integran una visión de derechos humanos. Comunicó que el ejercicio de la relatoría busca fomentar la cooperación entre los Estados para generar un mayor entendimiento y una armonización progresiva de cara a sus obligaciones internacionales.
El evento formó parte de las acciones que impulsa México para continuar con su estrategia en contra de las prácticas negligentes de las empresas de armas, que facilitan su tráfico ilícito y derivan en consecuencias negativas para el goce de los derechos humanos en el país y en la región.
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