* Es preciso consolidar las capacidades institucionales de los municipios antes de una intervención de la Federación para suplantar a los ayuntamientos, sostuvo el Senador de Chiapas
En el segundo día de audiencias públicas en materia de seguridad y justicia en el Senado de la República, el legislador chiapaneco, Zoé Robledo, externó que hay amplias coincidencias para crear una ley que enfrente la infiltración de la delincuencia organizada en los municipios, pero antes de pensar en la suplantación de facultades por parte de la Federación en los municipios, se deben consolidar las capacidades locales para mantener el orden social y la paz pública.
“Centralizar más poder en la Federación no debe ser el único camino, hay que realizar múltiples tareas para garantizar la seguridad y el fortalecimiento institucional de los municipios debe ser una de ellas”, aseveró.
Robledo afirmó que al asumir parcial o totalmente la Federación las facultades de los municipios ya no se nombraría un consejo municipal como lo establecen las constituciones locales, ni se convocaría a nuevas elecciones, dejando de lado la voluntad de los propios ciudadanos para darse su propio gobierno.
“El combate a la delincuencia no puede atentar contra la forma de gobierno que las y los mexicanos nos concedimos, en las que se incluye el municipio libre”.
Zoé dijo que una de las “patas cojas” del planteamiento del Jefe del Rjecutivo es que se pueda actuar contra un municipio cuando se encuentren “suficientes indicios”, lo que es un concepto vago e impreciso, además destacó que el estándar probatorio de un indicio es bajísimo, “eso no alcanza siquiera para condenar a un inculpado en un proceso penal” señaló.
“Afirmar que se pueden desaparecer los poderes municipales o que la Federación asuma el gobierno por un simple indicio resulta un exceso.”
Como invitados a este segundo día de audiencias públicas en materia de seguridad y justicia, estuvieron presentes especialistas como José Reveles, Jaime López-Aranda, Eruviel Tirado y Juan Marcos Gutiérrez; David Arellano Cuan, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de Segob; Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. También se contó con la presencia de Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el fiscal italiano Giovanni Tartaglia Polcini.
