El Consejo de la Judicatura anuncia que a partir del 3 de agosto reanudará por completo sus labores pero que continuará restringiendo el derecho a la publicidad de las audiencias penales.
Ciudad de México. 28 de julio de 2020. Las audiencias del inicio de los procedimientos penales que se llevan a acabo 28 y 29 de julio en contra del ex Director de Pemex Emilio Lozoya Austin, vinculado a las investigaciones por corrupción y lavado de dinero en los casos Agronitrogenados y Odebrecht, se llevan a cabo en incumplimiento al principio de publicidad que exige la Constitución, pese la alerta que Transparencia Mexicana y TOJIL realizaron a la presidencia del Consejo de la Judicatura el pasado 11 de julio de 2020. Esto pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder a la publicidad del caso, y podría implicar violaciones al debido proceso.
Desde la llegada a México del ex Director de PEMEX, diversas organizaciones y grupos de periodistas solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal dar acceso a estas audiencias, incluso por videoconferencia. El CJF se limitó a informar lo ocurrido en las audiencias a un grupo limitado de ciudadanos periodistas vía chat de WhatsApp mediante cortes de información. Este método de información no asegura el principio constitucional de publicidad en materia penal, lo que deja a México como uno de los países en la región que lleva a cabo los procesos penales relacionados con Odebrecht sin el principio de publicidad que el caso amerita.
La emisión de Acuerdo 21/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal por la que se indica que se reactivarán todas las actividades y plazos del Poder Judicial de la Federación continúa limitando de manera irrazonable la publicidad de las audiencias penales de manera indefinida.
Desde Transparencia Mexicana y TOJIL coincidimos con lo expresado por la Presidencia de la República en el sentido de que el caso Odebrecht deber ser un caso sujeto a un completo escrutinio público, por lo que se invita al Poder Judicial de la Federación a reconsiderar las medidas que limitan la publicidad de las audiencias penales a los ciudadanos y optar por medidas que permitan garantizar este derecho de manera efectiva, en tiempo real y, en atención de las consideraciones sanitarias, preferentemente por medios digitales.
