Víctor Lara:
Tuxtla Gutierrez, Chiapas a 03 de Marzo de 2015.- Ronda Política.- La PGJE ofreció una disculpa institucional a familiares de las víctimas, la cual implica el reconocimiento de violaciones a derechos humanos en que incurrió el personal de la procuraduría estatal. En cumplimiento a la recomendación 2015 que emitiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Chiapas, por el caso de dos hondureñas asesinadas con armas de fuego cuando viajaban en el tren conocido como "La Bestia". Un día antes de ser privadas de la vida, las mujeres habían denunciado la extorsión de una banda delictiva a indocumentados, la cual se negaron a pagar, y la omisión de la autoridad ocasionó que los delincuentes cumplieran sus amenazas cuando las víctimas viajaban en "La Bestia". El organismo público autónomo aseguró que tiene "elementos para evidenciar violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, procuración de justicia y seguridad e integridad personales" de estas dos mujeres. "Ello conllevó a la violación del derecho a la vida de las víctimas en los hechos ocurridos en el tramo férreo Pakal-Ná-Salto del Agua, municipio de Palenque, Chiapas, como consecuencia de acciones y omisiones que transgredieron los derechos que tenían en calidad de víctimas del delito".
Fue una Disculpa pública para la familia de Cintia y Sofía, dos jóvenes hondureñas que viajaban a los Estados Unidos con el sueño de que su familia pudiera mejorar su vida. En el tramo de Palenque-Tabasco fueron extorsionadas por dos hombres de origen Hondureño. Acudieron a denunciar al Ministerio Publico de Palenque, se recibió la denuncia sin embargo, pero no se les dio ninguna protección, Por ello, las víctimas tenían derecho a que la autoridad dictara las providencias legales necesarias para proteger su vida e integridad física, psicológica y moral; a recibir orientación y canalización hacia las instituciones de asistencia o beneficencia pública, social y privada. No se les aplico ningún protocolo de atención a consecuencia de ello fueron asesinadas salvajemente por sus extorsionadores.
En su momento de la notificación la CNDH manifestó su preocupación por que la atención que se otorgó a las agraviadas en su calidad de testigos y víctimas fue inaceptable, "ya que el propio sistema al que pidieron justicia fue el que agravó su situación, al grado de que al dejarlas sin protección, al día siguiente perdieron la vida". Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco entre otras medidas, elaborar políticas públicas de protección en favor de personas migrantes; que las instancias de seguridad pública estatales protejan a los migrantes que transitan por su territorio y remitan constancias de cumplimiento. También que se otorgue a familiares de las víctimas asistencia médica, psicológica, social y material mientras duren los tratamientos y envíen a este organismo nacional las constancias de cumplimiento. De igual manera, Además, que el procurador dicte medidas para que los agentes observen los derechos de víctimas y ofendidos del delito, así como se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación para actualizar a ministerios públicos en la atención a víctimas.
La CNDH también pidió a Velasco Coello que colabore en el trámite de queja que promoverá ante la contraloría de la procuraduría estatal, con motivo de la omisión de la autoridad responsable, y se remitan a este organismo autónomo las constancias de cumplimiento.
Aclaró que la recomendación se emite para hacer una declaración de una conducta irregular cometida por servidores públicos, para obtener la investigación que proceda, se apliquen las sanciones que correspondan y se subsane la irregularidad de que se trate.
