Con la finalidad de llevar un buen control en el transporte público/privado, así como de acabar con la proliferación de taxis turísticos clonados, un grupo de taxistas denunciaron que, en las ciudades de Palenque, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, se ha incrementado el número de unidades piratas, todo por una mala interpretación en un amparo emitido por el responsable de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Transportes.
Gabriel Madaín López Hernández, ex director de concesiones y autorizaciones, señala que los taxis turísticos están laborando de manera regular sin contar permisos de circulación.
“Los taxis turísticos están trabajado de manera convencional sin tener el permiso para ello”, dice.
De esta forma, expresó que en la Unidad Jurídica de la Secretaría de Transportes han permitido trabajar de manera irregular a unidades que no cuentan con permisos, así como proliferar la clonación de vehículos.
“Por una mala interpretación del jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Transportes, les ha permitido no solamente que trabajen los que supuestamente les concedieron el amparo, si no que de ahí estén clonando y proliferando en esta modalidad”, comenta.
Como empezaron a darse irregularidades, López Hernández recuerda que Noé Castañón León, quien en su momento fue secretario de Gobierno, emitió un oficio al entonces secretario de transporte, Carlos Raymundo Córdova Toledo, donde se hacía el señalamiento que quedaba expresamente prohibido continuar con la entrega de permisos de taxis turísticos, sin embargo, hay una infinidad de permisos.
Explica que en ese entonces se autorizaron 80 permisos, pero actualmente circulan en Tuxtla Gutiérrez una gran cantidad de taxis sin permisos y sin concesiones.
“Cada permiso fue otorgado con determinados requisitos que debían satisfacer quienes en su momento fueron beneficiarios, con unidades nuevas, con sistemas GPS, clima y en el permiso se señalaba que debían hacer el servicio únicamente en los hoteles de cinco estrellas a las zonas arqueológicas o centros turísticos”, relata.
López Hernández apunta que analizado detenidamente el contenido de los permisos y las firmas que calzan a los supuestos funcionarios que otorgaron permisos, se llegó a la conclusión que son firmas aproficas, es decir, la misma autoridad federal fue engañada, que ahora bajo ese engaño, bajo esa simulación consiguieron un amparo con los cuales se están protegiendo para brindar un servicio que no está legítimamente autorizado.
