Averiguación Previa Rafael Velasco Salas Que se indemnicen a bebes de la pimienta, CNDH 09 de mayo de 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 18/2016, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Andoni Arriola Peñalosa y al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por el caso de los menores de edad vacunados en la entonces Unidad Médica Rural “La Pimienta”, en el municipio de Simojovel. El 9 de mayo de 2015 se conoció de la muerte de dos bebés, ocurrida el día anterior, mientras que 37 más estaban hospitalizados en estado grave de salud, luego de que un médico de ese hospital vacunara a 40 menores de edad de las comunidades La Pimienta y San José del Municipio de Simojovel, en el Estado de Chiapas. Ese mismo día, la CNDH inició la investigación y envió visitadores adjuntos, médicos y abogados al Centro Médico Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde personal del IMSS informó que la vacunación se llevó a cabo a través del programa IMSS-Prospera, y que 29 menores de edad, de entre uno a tres meses de edad, se encontraban internados; 4 de ellos presentaban estado grave de salud, 13 estaban en estado crítico y 12 más, en observación. La CNDH constató que fueron 31 menores vacunados, de los cuales 2 perdieron la vida y los otros 29 presentaron reacciones a la vacuna. Al regresar de la jornada de vacunación, según manifestación de los padres, los 31 menores de edad presentaron diversos síntomas, “llanto constante, inapetencia, respiración muy rápida, cuerpo caliente, mucha sed, sueño, temblor y sudor frío” que, de acuerdo con la autoridad del IMSS, corresponden a: hipomotilidad, disminución del tono muscular, intolerancia a la vía oral, crisis convulsivas, dificultad respiratoria, irritabilidad, fiebre, broncoespasmo, somnolencia, cianosis, hipotonía y rigidez. El mismo 8 de mayo de 2015, la mayoría de los padres llevaron a los menores de edad al Centro de Salud de Simojovel, a efecto de que recibieran atención médica. Durante el traslado al centro de salud, dos de ellos fallecieron. El 11 de mayo, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, considerando los hechos, las diligencias realizadas por los visitadores y la aludida nota periodística, Determinó iniciar de oficio el expediente de queja, al tratarse de un asunto que por su naturaleza trasciende el interés del estado de Chiapas e incide en la opinión pública nacional. Concluida su investigación, la CNDH considera que no existe evidencia suficiente para determinar que las vacunas estuvieran contaminadas o en mal estado; y concluyó que la infección de los menores de edad por patógenos oportunistas se produjo durante el procedimiento de manejo y mecanismo en la aplicación de la misma, aunado a factores de riesgo y el incumplimiento de las obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud que propiciaron las condiciones para que tuvieran lugar las afectaciones en los menores de edad, mismas que son imputables a servidores públicos del IMSS. La CNDH encontró elementos de convicción suficientes que acreditan violaciones a los derechos de las niñas y niños vacunados, así como a sus padres, en específico los derechos a la protección a la salud, a la vida, integridad personal y al interés superior de la niñez. Por ello, si bien la CNDH reconoce las gestiones, actividades y reuniones de trabajo que el IMSS, ha propiciado con el fin de reparar el daño a las víctimas directas e indirectas, recomienda al Director General del IMSS que se dé cumplimiento a los acuerdos previos y se reparen los daños material y moral; se indemnice, en lo conducente, a los padres de cada uno de los menores fallecidos; se brinde atención médica vitalicia ( incluyendo quirúrgica, hospitalaria, terapéutica y farmacéutica) y psicológica a los 29 menores de edad afectados y a los padres de los fallecidos; se otorgue la ayuda extraordinaria en equidad con cargo a los recursos del programa IMSS-Prospera, para cubrir las erogaciones correspondientes a costos de traslado, hospedaje, alimentación y otros gastos relacionados con la atención de las víctimas directas e indirectas. Además, se reconozca la responsabilidad institucional y se ofrezca una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas, por las violaciones a los derechos humanos sufridas; se colabore con la CNDH en el trámite de la queja que presente ante el Órgano Interno de Control del IMSS, respecto de los servidores públicos responsables de las vulneraciones a los derechos humanos se inscriba a las víctimas directas e indirectas para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas. Al gobernador de Chiapas le solicitó se diseñen e impartan en el Centro de Salud La Pimienta (antes Unidad Médica “La Pimienta” del IMSS) y en el Centro de Salud Simojovel, un curso integral y un taller de capacitación en materia del derecho a la protección a la salud, específicamente sobre los principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad, así como sobre el conocimiento, manejo y observancia de diferentes Normas Oficiales Mexicanas. También, se establezca un programa y se dote a esos centros de salud de los instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura y personal médico; que en ambas instalaciones exista un médico de manera permanente y se garantice el servicio y atención a los usuarios, incluso en caso de emergencias en horario nocturno, y que cuenten con un traductor que auxilie a personas que pertenecen a pueblos indígenas y que así lo necesiten, y se colabore con la CNDH en la queja que se presente ante la Contraloría Interna en la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas contra el responsable de la negativa de atención a los menores en el Centro de Salud de Simojovel. Sentencia Hoy marchan por las calles de Pichucalco cientos de trabajadores de la secretaria de salud, ellos entre sus consignas está la de pedir más medicamentos para el Hospital Regional, los centros de salud de las comunidades, una mejor infraestructura hospitalaria, mobiliario de calidad, equipamiento acorde a la población que se atiende, suficiente material quirúrgico, de curación, medicamentos entre otros temas que el gobierno tiene pendientes con el área de salud en la zona norte…La inseguridad que prevalece en el municipio de Pichucalco, donde se dan entre dos y tres asaltos diarios a casa habitación obligo al presidente municipal Luis Miguel Pérez Ortiz a cambiar a su director administrativo de la policía. La delincuencia ha rebasado a las autoridades municipales, aunado a que está el anuncio de mover la fiscalía de distrito y la policía estatal para la ciudad de Reforma. Los ciudadanos han alzado sus voces en las redes sociales, algunos llaman hasta para armarse para proteger sus familias y otros con linchar a quienes atenten contra la integridad de las familias y sus propiedades. Esperemos que el gobierno del estado y el procurador Raciel López Salazar, envíen un destacamento de militares o la marina para resguardar el municipio. El llamado a tiempo. Vinicio Portela Hernández 

La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas adeuda pagos de seguro de vida de maestros por un monto mayor a los 45 millones de pesos desde el año 2011 dejando en la insolvencia económica a casi un centenar de beneficiados.

En un movimiento financiero extraño, el Gobierno que encabeza el Gobernador Manuel Velasco Coello dejó de pagar la póliza de seguro contratada a la empresa MetLife y desde el principio de su administración la Secretaría de Hacienda inició el manejo de los recursos para los mentores que fallecieran o que estuvieran en estado de invalidez.

Desde esas fechas esa Secretaría no realiza los pagos correspondientes a los beneficiarios de los seguros aun cuando la SE, a través de la Subsecretaría de Planeación Educativa, ha solicitado Hacienda se realicen pero no responde los oficios, el descaro llega a planos inauditos ya que el propio titular de esa dependencia, Humberto Pedrero Moreno, señaló algunos beneficiarios que ese seguro no será pagado por esta administración ya que son instrucciones directas del propio Gobernado Manuel Velasco.

Sin embargo, casi 100 beneficiarios del seguro de vida del magisterio piden que se dé cumplimiento a las obligaciones para que se le liquide los seguros, en documentos oficiales que tengo en posesión se observa que en una primera solicitud de la Secretaria de Educación solicitó 17 millones 521 mil 454 pesos con 74 centavos para finiquitar los adeudos de pólizas para 30 beneficiarios. 

En un segundo intento pidieron el pago de siete millones 179 mil 751 pesos con 74 centavos y el más reciente de 18 millones 920 mil 695 pesos con 89 centavos para liquidar a casi 60 beneficiarios más, pero todas las solicitudes han sido desatendidas por la Secretaría de Hacienda.

A pesar de estas anomalías, existe un problema mayor, ya que la dependencia que encabeza Pedrero Moreno obstruye que los beneficiarios sepan que los maestros cuentan con dicho seguro de vida por lo que casi un tercio de los recursos podrían quedar en manos ajenas.

Por lo que es importante que los familiares de maestros fallecidos en el periodo de 2011 a la fecha busquen la hoja beneficiaria y la presente ante la Secretaría de Educación para hacer efectivo el seguro de vida.

Además, señalaron algunos afectados, iniciarán con las demandas penales correspondientes contra la Secretaría de Educación por la falta de pago de seguros de vida e invalidez, que algunos llevan solicitando desde el 2012.