Con un saldo de siete policías lesionados, diversos detenidos y daños en propiedad pública y de terceros concluyó un operativo policial para desalojar a indígenas chiapanecos que tomaron el Congreso estatal para exigir la destitución de la alcaldesa de Chenalhó.
Este martes, alrededor de 300 personas fueron privadas de su libertad por más de ocho horas, privándoseles de alimentos y líquidos debido al sitio efectuado por los manifestantes, hasta que elementos policiales lanzaron gas lacrimógeno, situación que aprovecharon los retenidos para escapar del lugar.
Según un comunicado del gobierno de Chiapas, durante las trifulcas ocurridas en el centro de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, siete policías resultaron con lesiones no graves debido al lanzamiento de piedras y palos, sin especificar el número de detenidos.
En el reporte oficial tampoco se mencionan los daños a las instalaciones del Congreso, vehículos y comercios efectuados por los manifestantes y presuntos vendedores ambulantes que aprovecharon los momentos de confusión durante los enfrentamientos para vandalizar y saquear.
Bernardino Toscano Chang, director del periódico digital Mural Chiapas, informó desde el interior del recinto que entre los retenidos se enconraban doce legisladoras, personas adultas mayores, mujeres y niños que no han recibido líquidos ni alimentos desde las 13:00 horas hasta las 20:00 horas en que lograron escapar del lugar.
Toscano consideró que este atentado contra la ciudadanía es un reflejo de la omisión y falta de capacidad gubernamental, pues en caso de haber voluntad política para dar una solución a las demandas de los manifestantes los operadores de Gobierno ya habrían negociado.
En tanto que el presidente del Congreso Chiapaneco, Eduardo Ramírez decidió retirarse desde el medio día, posterior al término de la sesión ordinaria, que atenderlos, dejando en el interior a unas 300 personas, entre diputados, personal, visitantes y periodistas.