Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de marzo de 2016.- El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial de Chiapas, afirmó que el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal ha significado dejar a un lado una justicia arcaica, desigual y con poca transparencia, para dar paso a procesos justos en donde realmente se acredite la comisión del delito para proceder al ejercicio de la acción penal.
A escasos días en que Chiapas esté totalmente listo para dar cobertura total en la geografía estatal, el magistrado Rutilio Escandón subrayó que esta tarea jurídica ha representado especialmente para los poderes judiciales federal y local, los órganos de procuración de justicia del país, y para todos los que se encuentran involucrados en la reforma, en una modificación de las prácticas y de la cultura de una sociedad que aspira a tener mejores autoridades impartidoras de justicia.
El encargado de la casa de la justicia chiapaneca aseguró que se cuenta con elementos suficientemente capacitados que tienen losconocimientos teórico-prácticos del nuevo sistema, y destacó que varios servidores públicos del Poder Judicial del Estado tienen la certificación docente que les permite instruir a más gente y garantizar justicia para todos, ya sea como juzgadores, defensores o de otro perfil involucrado en el proceso penal.
“La sociedad nos reclama mayor compromiso, mejor preparación, más responsabilidad, y por eso nos estamos dedicando a impartir y administrar justicia a pueblos indígenas y el resto de la población”.
Rutilio Escandón Cadenas se congratuló porque los Juzgados de Garantía y Tribunal de Enjuiciamiento que ya se encuentran operando en distintos distritos judiciales estén desarrollando audiencias orales, hecho que nos indica que el nuevo sistema de justicia penal se construye a base de una cultura de la legalidad y que los ciudadanos están haciendo uso inmediatamente.
Y enfatizó, que Chiapas ha sido referente en este modelo acusatorio y oral a nivel federal, por la colaboración institucional de quienes conforman el órgano implementador, el gobierno estatal y la Federación, para hacer realidad esta máxima constitucional, que evidencia la buena voluntad para que la justicia sea garante de los derechos humanos.
