El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó de la iniciativa presentada para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) a que puedan acceder a mejores condiciones de créditos formales, ya que son estas las principales generadoras de empleos.
Albores Gleason refirió datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que señalan que en México el 99.8 por ciento de unidades empresariales son PYMES que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 72 por ciento del empleo en el país.
Albores compartió que aun cuando México tiene unos de los mejores sistemas bancarios, es donde menos se presta. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el índice de inserción del crédito al sector privado se encuentra por debajo del promedio de este organismo, e incluso por debajo del promedio en América.
Señaló que las pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleos de acuerdo al Banco Mundial, por lo que puntualizó la importancia de apoyar a este sector de la economía con las mejores condiciones de acceso a los recursos crediticios, ya que las PYMES constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que el país ha tenido en los últimos años y por su alto impacto en la producción nacional.
El objetivo, dijo el senador, es modificar los artículos 20, 20 bis y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para reducir de 72 meses a 48 meses la obligación de las sociedades de información crediticias de guardar los historiales crediticios. Esto para que quienes cuenten con un historial negativo, que les impida conseguir financiamiento con instituciones formales, puedan acceder en un periodo de tiempo más corto a un crédito, lo cual respondería a las necesidades de un sistema económico cada vez más fluctuante.
Albores Gleason señaló que según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012, se estima que de un total de 28.3 millones de personas que solicitaron un crédito formal, a nueve millones se les negó financiamiento y de este total de rechazados 24.3 por ciento tenían problemas con el buró de crédito, siendo este el mayor factor por el cual no tuvieron acceso a créditos.
La iniciativa, presentada por compañeras senadoras del grupo parlamentario, busca además que las Sociedades de Información Crediticia procedan a borrar de la base de datos, el día hábil siguiente a la solicitud del cliente afectado, cuando una tarjeta no haya sido solicitada ni contratada por un usuario.
