* Los ayuntamientos también incumplen
Tuxtla Gutiérrez.- La Ley Ambiental del Estado determina sanciones severas para quienes contaminan los recursos naturales; sin embargo, hasta el momento, es “letra muerta”, consideró el presidente del Consejo de la Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, Alfredo Araujo Esquinca.
Araujo opinó que no es necesario reformar este marco jurídico, sino poner en práctica las sanciones que indica el capítulo tercero, que van desde multas económicas, hasta el el aseguramiento de bienes.
Entre las conductas prohibitivas que más se cometen en Chiapas destacan la contaminación de ríos, a través de los sistemas de drenaje; el inadecuado manejo de la basura; y la quema de recursos forestales.
Los principales infractores son empresas particulares; sin embargo, los ayuntamientos también violentan la ley, al no cumplir con las medidas de ahorro de agua potable; carecer de un sistema eficiente de transporte y destino final de los desechos; y ser omisos respecto a sus obligaciones de cuidar el medio ambiente.
En este sentido, subrayó que, a excepción de Tuxtla Gutiérrez, ningún gobierno municipal tiene sistemas de saneamiento de agua potable, como lo indican los estándares internacionales; incluso, 108 plantas de tratamiento de aguas residuales se encuentran en total abandono, porque no destinan recursos económicos para su funcionamiento.
El presidente de este organismo detalló que el artículo 214 dicta sanciones que van desde el apercibimiento, multas de 100 por ciento el valor del daño causado, o por 50 mil días de salario mínimo; arresto por 36 horas; clausuras temporales o definitivas; y el aseguramiento de bienes.
“Hay una serie de parámetros perfectamente definidos; tenemos instrumentos jurídicos, pero aún no sabemos que alguien haya recibido sanciones ejemplares. Por eso hay tal deterioro ambiental”.
Alfredo Araujo destacó que ha
ce unos días se reunió con María Elena Villatoro, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, a quien propuso unir esfuerzos para revisar la ley en la materia y, de ser necesario, construir una iniciativa para actualizarla.
Asimismo acordaron que solicitarán el apoyo del nuevo Procurador Ambiental de la entidad, Francisco Gurguha Domínguez, para que verifique el cumplimiento de las medidas restrictivas y sanciones en la materia, con el objetivo de disminuir los efectos del cambio climático.
