Las endebles negociaciones para mantener el alto a las agresiones en el municipio de Chenalhó terminaron por romperse la semana pasada, desatando durante los últimos días una masacre de balas y fuego que hasta el momento mantiene incomunicada a la comunidad de Santa Martha, donde decenas de familias desplazadas, muertos y casas quemadas siguen sin poder cuantificarse oficialmente.

La interminable violencia que vive ese municipio de Chiapas continúa complicándose con el paso del tiempo. Así, lo que comenzó en 2015 como una estrategia ruin del gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello para desplazar a grupos opositores del Partido Verde, armando a sus aliados, terminó en una escalada de agresiones imparables entre comunidades fragmentadas y confrontadas.

La crisis humanitaria que vive esta región de la entidad es un problema que se agudizó durante la segunda mitad de la década pasada, mientras el gobierno de Velasco enfocó sus esfuerzos a ocultar y minimizar los hechos lastimosos. Nunca hubo capacidad y voluntad real del gobierno para resolver la situación, pero sobre todo para garantizar la seguridad y bienestar de los desplazados.

El gobierno verde no sólo fue omiso, también desacató una y otra vez las medidas solicitadas por organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Incumplió la minuta de acuerdos firmados por la Secretaría General de Gobierno el pasado 19 de septiembre de 2017 en torno a la atención de los más de cinco mil desplazados por los conflictos de origen.

No cumplió con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas precautorias emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) respecto a la violencia en ese municipio. Se desentendió por completo de la problemática y el asunto creció hasta alcanzar niveles fuera de todo control, para su propio gobierno y la administración entrante.

Al final de cuentas Velasco Coello siempre supo que “el combustible” que hizo arder a ese y otros municipios indígenas de Chiapas fue obra irresponsable de sus operadores más cercanos. Hoy las mismas agrupaciones armadas, alimentadas por el pasado verde, se han fragmentado en grupos disidentes, terminando confrontadas en un intercambio adicional de balas dentro de la zona. Pero las principales víctimas siguen siendo las decenas de familias inocentes que han quedado en medio de las disputas.

La última masacre se registró justo esta semana cuando grupos antagonista de Santa Martha desencadenaron una masacre en la comunidad, quemando numerosas viviendas y asesinando a familias enteras. Las imágenes de las viviendas ardiendo a lo lejos se filtraron en redes sociales, advirtiendo la gravedad de lo que sucede ahí dentro.

De esta última ola de violencia, al menos 32 familias (127 personas) lograron huir hacia las montañas, para luego refugiarse en comunidades aledañas. Ahí dieron a conocer que hay un número indeterminado de personas asesinadas y decenas de casas quemadas.

“Juan Ruíz murió asesinado el 29 de septiembre, al día siguiente mataron a su esposa y todos sus hijos, uno de ellos se salvó y fue una de las personas que lograron avisar que en Santa Martha y las comunidades que conforman ese ejido, las posturas sobre las acciones que el grupo armado debe o no realizar, los han dividido. Hay quienes nunca estuvieron de acuerdo en su articulación, y también quedaron en medio de dos fuegos”, detalló la periodista Ángeles Mariscal en su última nota sobre el caso.

El caso Chenalhó es uno de los ejemplos más desconcertantes de las consecuencias que puede acarrear la violencia sembrada por la ambición política. Chenalhó es hoy por hoy un municipio con profunda descomposición social donde las disputas de poder entre propios y ajenos han convertido a esa zona de la entidad en una herencia de violencia y sangre interminable o, simplemente, en tierra de nadie… así las cosas.