Ciudad de México, a 25 de abril de 2022.- Jessica es una joven centroamericana que ingresó a México sin documentos en 2018. Meses después, en Chiapas, nació su hija Marina. La bebé se quedó con una vecina, mientras ella iba al hospital por sus documentos. De regreso, agentes migratorios la detuvieron y la deportaron. Dos días después retornó por su hija recién nacida, pero la vecina se negó a entregársela y la obligó a prostituirse a cambio de recuperarla.
Jessica fue víctima de trata sexual durante dos meses, cuando, de nueva cuenta, fue deportada sin su bebé. En tanto, la vecina tramitó un acta administrativa para hacerse cargo de Marina, argumentando un supuesto abandono de la madre. Al poco tiempo, junto con su pareja, la registró como su hija, bajo otro nombre.
Jessica ingresó por tercera ocasión a México y denunció a su vecina ante las autoridades por el delito de retención de menor y trata de personas. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) solicitó la protección de la justicia federal en contra de los actos de diversas autoridades cometidos en detrimento de los derechos de Marina.
La Defensoría pública exigió también la reunificación inmediata de la niña de un año y tres meses de edad con su madre biológica. Jessica se encuentra en la CDMX, es solicitante de asilo y tiene tarjeta de visitante por razones humanitarias.
En marzo de 2021, el Juzgado Segundo de Distrito en Tapachula ordenó anular las actas administrativas y de nacimento tramitadas por la vecina. Exigió a la Fiscalía contra la Trata de Personas en Tuxtla Gutiérrez vigilar que se registre a Marina para que sea restituido su derecho a la identidad. Además, determinar un régimen de convivencias con regularidad suficiente entre la niña y Jessica.
Finalmente, el 20 de agosto, Jessica registró a su hija y obtuvo el acta de nacimiento en el Registro Civil de la CDMX. Este es un caso inédito porque se actuó en representación de Marina y se demandó la reunificación familiar como un derecho humano de migrantes y mexicanos por igual.
De esta forma el IFDP, que dirige Netzaí Sandoval Ballesteros, garantiza una justicia de calidad en condiciones de igualdad.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
La Defensoría Pública atiende, en forma preferente, a las personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio, representación especial de niñas, niños y adolescentes, y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular.
El IFDP tiene defensores especializados en justicia para adolescentes, con asesores para personas en movilidad y sujetas a protección internacional (migrantes), así como asesores especializados en atención a personas con discapacidad.
El IFDP cuenta con 885 defensores públicos y 285 asesores jurídicos en todo el territorio nacional.
Defensatel 800 22 42 426, tu línea de defensa gratuita, funciona las 24 horas, los 365 días del año. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene cobertura nacional en las 32 entidades federativas del país.
El IFDP es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia, dotado de independencia técnica y operativa.
