A. Marroquín
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 24 de noviembre de 2020 (muralchiapas.com).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a retomar el caso de la masacre de Viejo Velasco, Ocosingo; acto donde se consolidaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dio a conocer que el 25 de septiembre de 2020 la CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad número 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (masacre de Viejo Velasco), acontecida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona.
A esto, el Frayba recordó que durante el 22 de noviembre de 2006 le solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de: Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, personas que fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), acompañado de policías estatales y otros servidores públicos cuando se desalojaron a las familias que habitaban en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo.
Frente a la ineficacia de la Fiscalía del Estado de Chiapas para efectuar la investigación y dar con el paradero de las personas desaparecidas, el Centro resaltó que los familiares y una comisión civil de observación asumió la búsqueda, encontrando el 6 de julio del 2007 restos óseos en la ruta que dirige de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. “Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.”
A lo anterior, el centro de derechos humanos indicó que actualmente son 36 personas de la comunidad Viejo Velasco los que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno y sin garantías para su retorno, donde además se suman órdenes de aprehensión en contra de cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich, acusados —injustamente— de cometer la masacre.
A 14 años de este hecho, el Frayba señaló que prevalece una impunidad, ya que hasta el momento no se ha investigado, identificado, juzgado y sancionado a los autores intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos a la vida, por lo que la determinación de la CIDH, agregó que da esperanzas para sucumbir de la crisis de derechos humanos y la tendencia a la impunidad de graves violaciones a derechos humanos cometidos por funcionarios.
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