A. Marroquín
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 26 de junio de 2020 (muralchiapas.com).- En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dio a conocer que de enero del 2019 a marzo del 2020 documentaron más de 40 casos de tortura.
Rubén Moreno Méndez, abogado del Frayba, informó que el centro de derechos humanos recibió 41 denuncias por tortura, de enero de 2019 hasta marzo de 2020, de las cuales documentó 24.
Del total de casos, apuntó que 26 (63.41 por ciento) ocurrieron en el marco del sistema penal acusatorio cual no ha erradicado esta práctica sistemática de violación a los derechos humanos, siendo la mayoría de los perpetradores elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), es decir, de la propia autoridad encargada de impartir justicia en la entidad.
En octubre de 2019, Moreno Méndez recordó que la Fiscalía informó que en el año 2018 abrieron carpetas de investigación por el delito de tortura, de las cuales 26 se encontraban en trámite y de ellas solamente una se vinculó a proceso. “En ninguna hay sentencia a perpetradores. Lo cual evidencia la lentitud e ineficacia en el combate a la impunidad”.
El litigante manifestó que los datos proporcionado por la FGE fueron dados por petición del Frayba, mediante oficio para acceder al derecho a la información pública, donde dieron a conocer que de 23 solicitudes de dictámenes médicos en el marco del Protocolo de Estambul únicamente se habían practicado tres.
Por su parte, agregó que el 23 de enero de 2020 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que de 39 solicitudes solamente se aplicó un protocolo.
El abogado mencionó que el ejercicio fiscal 2019, la Fiscalía Antitortura de la FGE obtuvo un presupuesto de ocho millones 143 mil 304 pesos y 58 centavos para su operación y funcionamiento, sin que hasta el día de hoy se demuestren avances significativos.
“Esta falta de formación, capacitación y concientización de los funcionarios y servidores públicos del actual sistema judicial, mantiene los patrones de falta de justicia a víctimas de Tortura a quienes se estigmatiza y criminaliza. En la carga de la prueba se continúa con la práctica inquisitiva en donde a los presuntos culpables y a las víctimas no se les garantiza la protección y el respeto de los derechos humanos”, comentó durante conferencia de prensa virtual.
A lo anterior, precisó que la procuración de justicia es una actividad esencial, pero que en Chiapas se retrasa e impide el incumpliendo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En el contexto de emergencia sanitaria por Covid, destacó que se han detenido procesos jurídicos de víctimas de tortura, aumentando los riesgos a su vida, seguridad e integridad porque en las cárceles no se aplican los debidos protocolos de salud y se carece de atención médica adecuada.
Además, refirió que las autoridades del sistema penitenciario obstruyen la labor de las personas que defienden sus derechos humanos y de las organizaciones que les acompañan. “Sin embargo desde la sociedad civil se insiste en fortalecer el afrontamiento a la tortura con el litigio de casos, el apoyo psicoemocional y fortaleciendo estrategias conjuntas”.
Para finalizar, urgió al Estado mexicano dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU.
“[...]la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento [...] a) Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal; b) Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos; c) Garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral”, citó
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