* Partidos políticos no están obligados a donar recursos para la atención del #Covid_19
Por Itzel Grajales
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 17 de abril de 2020 (muralchiapas.com).- El inicio del próximo proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos y el Congreso del Estado de Chiapas podría posponerse, si se prolonga la emergencia sanitaria por el Covid-19, reconoció el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.
De acuerdo al artículo 178 del Código electoral local, las actividades preparatorias de las elecciones empezarían formalmente en la primera semana de octubre de 2020, sin embargo, dijo que debido a las medidas preventivas de la pandemia, posiblemente se aplacen, hasta 2021.
"La prioridad es la vida, la seguridad y la salud de todos; las elecciones por supuesto que son importantes y habrá que garantizarlas, pero si es necesario hacer ajustes a los plazos establecidos en la normatividad, lo haremos", subrayó en una videoconferencia de prensa.
En otro tema, afirmó que los partidos políticos sí pueden renunciar a un porcentaje de su financiamiento público para que sea destinado a la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19, pero únicamente el monto que no se ha ejercido, es decir, el correspondiente al periodo de abril a diciembre de 2020.
En este sentido, señaló que hasta el momento solo Morena ha solicitado a nivel local el recorte del 50 por ciento de presupuesto con este fin. Acto que no obliga al resto de los institutos políticos, porque se trata de un gesto "de buena voluntad".
Sin embargo, aclaró que la 'donación' no los exime de cumplir con responsabilidades específicas como el pago de nóminas y la aplicación del seis por ciento del presupuesto público a la formación política de mujeres.
Chacón Rojas detalló que si un partido decide ser solidario con la causa, debe presentar su solicitud al IEPC; y, luego de un análisis, el Consejo General de este órgano electoral local resolverá si reintegra o no el dinero correspondiente a la Secretaría de Hacienda.
Una vez hecho esto, la autoridad hacendaria del gobierno del estado dispondrá el dinero de acuerdo a los criterios y procedimientos acordados por el Ejecutivo.
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