A. Marroquín
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 10 de febrero de 2020 (muralchiapas.com).- Por considerar que se trata de una persecución política, cuatro mujeres indígenas de Chalchihuitán iniciaron este lunes una huelga de hambre afuera de Palacio de Gobierno, para solicitar la liberación del ex síndico municipal de esa localidad, Hermelindo García Núñez, ya que su encarcelamiento –presuntamente– carece de fundamento judicial.
Lucía Núñez López, esposa del ex síndico de Chalchihuitán, dio a conocer que junto con sus tres hijas determinaron plantarse y suspender alimentos de forma indefinida a fuera de la sede del Poder Ejecutivo local, ya que el padre de sus primogénitas fue recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (Cereso) número 5 de San Cristóbal de las Casas, como parte de una venganza política.
Por lo anterior, comentó que García Núñez lleva 8 meses encarcelado en el Cereso número 5, como otra víctima de los intereses políticos de Chiapas.
En este contexto, la madre de familia acusó a la diputada local de Morena, Patricia Mass Lazos y al subsecretario de gobierno del Estado, de promover una persecución política en contra de Hermelindo García, que lo llevo a hacer privado de su libertad junto con la ex alcaldesa de Chalchihuitán, Margarita Díaz García.
“Es preso político, es víctima de intereses políticos parte del Consejo Municipal de Chalchihuitán, solapado por el subsecretario de gobierno, Jorge Cruz Pineda y la diputada Patricia Mass Lazos”, culpó.
Respecto a las acusaciones que derivaron al encarcelamiento de los ex munícipes, Núñez López aseguró que su esposo es inocente de los cargos que se le imputan, ya que quien gobernaba y manejaba la política municipal era Margarita Díaz.
Añadió que a pesar de la falta de información y comunicación con el padre de sus hijas, aseguró que él no cometió ningún delito de vinculados con el ejercicio de recursos financieros.
Con la detención de su esposo, refirió que sus tres hijas –menores de edad– truncaron sus estudios, ya que no cuenta con los recursos necesarios para que acudan a la escuela.
Para finalizar, la fémina indígena solicitó al Estado la libertad del ex síndico, ya que a su parecer no cometió agravio alguno en contra de las finanzas del estado y del municipio.
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