A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 30 de agosto de 2019 (muralchiapas.com).- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que en Chiapas y en todo México no hay un compromiso real por la búsqueda y regreso a casa de los más de 45 mil personas desaparecidas, ni por la verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición.

La organización señala que en el estado se mantiene una guerra sistémica y generalizada, siendo ésta una de las etapas más oscuras de la historia. “Sostenemos que las desapariciones en nuestro país son estructurales como lo podemos constatar con las víctimas de la guerra sucia de los años sesentas y las acontecidas como parte del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas”.

El Frayba expone que a partir del 1 de enero de 1994, la desaparición forzada en la entidad chiapaneca fue selectiva, sobre todo en la zona norte.

Resalta que entre 1995 y el 2000, se documentaron 37 casos desapariciones forzadas, mientras que en 85 casos se presentaron ejecuciones extrajudiciales.

Agrega que durante ese mismo lapso, son más 4 mil 500 personas de diferentes pueblos originarios quienes fueron desplazados de manera forzada, crímenes cometidos por el grupo paramilitar denominado “Organización Desarrollo Paz y Justicia”, creado mediante el Plan de Campaña Chiapas 94.

En este contexto, el Frayba puntualiza que a la fecha persiste la impunidad en estos casos. “Las desapariciones forzadas de Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arcos Guzmán, del pueblo cho’l, tuvieron como obstáculos estructurales el que las investigaciones no fueron encaminadas a encontrar la verdad de los hechos, sino que sirvió para proteger a los perpetradores materiales e intelectuales”.

Para esta nueva administración, la organización destaca que son el estado de Coahuila el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C, documentó 559 casos de personas desaparecidas hasta el mes de diciembre del 2018.

Por ello, el Frayba apunta que la práctica de la desaparición forzada de personas constituyen en crímenes de lesa humanidad, ya que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los tratados internacionales, “entre ellos: a la vida; a la libertad personal; a la integridad personal; a la seguridad personal; a tener personalidad jurídica; a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

Un caso de este fenómeno, es el del niño Eduardo Meza Guillén, quien desapareció el 21 de enero del 2012 mientras jugaba en la banqueta de su vivienda de la colonia Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez; su madre, María Alicia Guillén Hernández, continúa su búsqueda a siete años de que fuera visto por última vez.

Actualmente, Guillén Hernández es miembro de la Red de Madres Buscando a sus Hijos, organización mexicana que se especializa en la búsqueda de personas desparecidas, donde en muchos casos solamente encuentran el cuerpo de los desaparecidos y en otros más afortunados los hallan vivos.