Texto: Sergio Melgar / Fotos: Cortesía.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 30 de abril de 2019 (muralchiapas.com).- Un total de 557 millones de pesos va a pagarle el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que encabeza Carlos Orsoé Morales Vázquez (ex Secretario de Medio Ambiente e Historia Natutal) a la trasnacional europea Proactiva-Veolia por concepto del servicio de limpia, es decir, un promedio de 15.5 millones mensuales, casi tres veces más de lo que pagó el anterior alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor (casi 270 millones de pesos en 3 años).
Además, este actual ayuntamiento terminó de desechar el juicio de lesividad interpuesto por el despacho GTR asociados, mediante el cual el ayuntamiento lograba una quita de 2.5 millones a la factura mensual de 10 millones de pesos, cuando a través de un nuevo convenio firmado en diciembre del 2018 se le reconoció un adeudo histórico de 196 millones 929 mil 240 pesos a Proactiva-Veolia, alegando que el adeudo original era de más de 300 millones de pesos.
Nuevo Convenio, más caro para el ayuntamiento
En el convenio firmado entre el presidente municipal Carlos Morales Vázquez y el representante legal de Veolia Residuos Bajío SA de CV, Thomas Jean-Marie Renard, el ayuntamiento de Tuxtla se compromete a pagar un adeudo de 196 millones 929 mil 240 pesos para la “operación del sistema integral del maejo y disposición de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial de Tuxtla Gutiérrez celebrado el pasado mes de diciembre del 2018”.
Eso, sin contar los gastos del servicio corriente, que ascienden a un promedio de diez millones de pesos mensuales, que comprende la recolección y confinamiento de 300 a 350 toneladas de basura diaria.
Es decir, de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2021, el ayuntamiento que preside Carlos Morales Vázquez se obliga a apagar casi 557 millones de pesos (un promedio mensual de casi16 millones de pesos-en algunos meses el pago del adeudo va de los 4 a 4.6 millones-más los 10 millones de pesos mensuales del gasto corriente), a favor de Veolia Residuos del Bajío SA de CV, empresa europea que no es la misma que signó el contrato original en 2006.
Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien gobernara el ayuntamiento de Tuxtla del primero de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018 (con un interinato a través de Carlos Molano), pagó en promedio 7.5 millones de pesos mensuales a Proactiva-Veolia, ya que se interpuso un juicio de lesividad y de la factura original de 10 millones de pesos mensuales que enviaban, terminaban enviando una segunda con la quita de 2.5 millones de pesos. Es decir, en tres años, a Proactiva-Veolia del 2015 al 2018 le pagaron un promedio de 270 millones de pesos.
Pero el actual ayuntamiento, al echar abajo el juicio de lesividad en diciembre pasado y reconocer un adeudo que no procedía, le va a pagar a Veolia Residuos Bajío SA de CV un total de 557 millones de pesos, lo doble de lo pagado por Castellanos Cal y Mayor en tres años.
Compromiso de más unidades y barredoras
En el nuevo convenio, cuya copia obra en poder del reportero, la empresa Veolia Bajío se obliga a “realizar la adaquisición de vehículos nuevos y equipo nuevo necesario para realzar de manera eficiente el barrido mecánico de las principales avenidas, la recolección de los residuos sólidos urbanos, así como la adquisición de vehículos y equipo nuevo para el traslado de residuos sólidos urbanos desde la estación de tranferencia hasta el relleno sanitario, así como un camino de acceso hasta el relleno sanitario…”.
En la página 20 del convenio, especifica que la tarifa base ofertada de 350 toneladas diarias de basura “será actualizada anualmente, a partir del inicio del segundo año de operación, con base al índice nacional de Precios del Consumidor (INPC) que determine el INEGI”. Es decir, además de que puede incrementar el pago de 10 millones mensuales, más el pago del adeudo, será incrementado a partir del segundo año, es decir en el 2020.
Esto quiere decir, que el ayuntamiento va a terminar pagando casi 600 millones de pesos la empresa Proactiva-Veolia en estos próximos tres años.
Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
El pasado 23 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió la resolución 24/2019, de la medida cautelar 1498/18, dirigida a Marcelino Díaz Sánchez, representante legal de ejidatarios de Emiliano Zapata, en donde establece que “se encuentran en un estado de gravedad y urgencia, toda vez que su derecho a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable..”.
Le solicita al gobierno de México que: a).-Adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud del señor Marcelino Díaz Sánchez, y demás pobladores del ejido Emiliano Zapata, así como las fuentes de alergias y demás enfermedades que presentan. b).-Informe sobre medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas y c).-Concierte las medidas a implementarse con los beneficiados y sus representantes.
“Los beneficiarios son aproximadamente mil 500 hombres, mujeres y niños que se encuentran en situación de riesgo desde el 2006 a la fecha, ya que se detectaron varios casos de fallecimiento por cáncer”, subraya esta resolución de la medida cautelar, que hasta la fecha ninguna autoridad ha cumplido.
Para aclarar lo del nuevo convenio, se intentó entrevistar a la regidora Adriana Guillén, presidenta de la comisión de Proactiva-Veolia, pero se negó tres veces pretextando a través de sus asistentes que estaba muy ocupada.
