* Se le acusa de omisión e incluso el apoyo que en su momento dio a la empresa minera Blackfire Exploratión en Chicomuselo Chiapas, toda vez que en su momento ya se habían denunciado los impactos negativos de la explotación de Barita y concluyeron con el asesinato de Mariano Abarca, asesinado en 2009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 28 de marzo de 2019 (muralchiapas.com).- “Este lunes 25 de marzo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia a mi padre Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa minera Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas y los abusos que cometía la empresa en nuestro territorio”, así lo señalo José Luis Abarca Montejo, hijo del líder anti minero.
Quien dijo que apenas el pasado cinco de febrero su familia, Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chiapas y Alerta Minera Canadá solicitaron al Comisionado de la Integridad del Sector Publico de Canadá abrir una investigación a la Embajada de Canadá porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida de su padre y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.
“La solicitud presentada demuestra el apoyo que la embajada dio a la empresa, aun conociendo la amenaza que representaba para mi padre y para mi familia. Todos los hallazgos presentados están fundamentados en documentación extensiva obtenida a través de la ley de transparencia, en donde se revela el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, desde su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales.
Ante la negativa que el Comisionado presentó de abrir una investigación solicitamos un recurso de apelación ante la Corte Federal y acudimos a la audiencia este lunes, el 25 de marzo. Además, realizamos una serie de actividades con diversos actores de la sociedad civil de Canadá para argumentar la importancia de abrir una investigación seria e imparcial a la embajada por la necesidad de hacer justicia a mi padre Mariano Abarca. Así también por las implicaciones de este caso en los derechos de las personas afectadas por la minería con capital canadiense en México y en muchas partes del mundo.
El Abogado
Hoy informamos que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado. También calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. Reafirmó que el Comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho. Fue muy lamentable escuchar una representación del gobierno de Canadá, sin haber demostrado rigor en la revisión de los documentos presentados, calificar nuestra denuncia que demuestra la actuación de la embajada como “especulaciones”.
No hay duda para nosotros que mi padre fue asesinado por su rol en denunciar los impactos ambientales y sociales de la mina de Blackfire Exploration. Creemos que la embajada canadiense en México tiene responsabilidad por haber presionado nuestros gobernantes para favorecer a la empresa y controlar las protestas de la comunidad, aun cuando supo que la vida de Mariano estaba en grave riesgo. Contrario a los intentos débiles del abogado del gobierno canadiense de decir que nuestra demanda se base en pura especulación, hay amplia evidencia y esperamos que la corte exija una investigación seria en el caso.
Hoy mismo la minería canadiense sigue siendo una amenaza para nuestro territorio, la diplomacia económica entre México y Canadá es de gran interés para el estado canadiense, para el de México y por su puesto para las empresas mineras. Lamentablemente, la minería ha sido anunciada por el gobierno como estrategia para el desarrollo del país y se promueve la inversión canadiense, así como está retomándose el modelo extractivo minero de Canadá como ejemplo para implementar en nuestro país, lo que pone en riesgo los bienes naturales del agua, la tierra y el aire, los derechos colectivos de las y los campesinos y los pueblos indígenas de México, así como aumentara el riesgo de las personas, pues existen varios informes que han demostrado el patrón de actuación de las empresas frente a la seguridad física y psicológica de las y los defensores de la tierra y el territorio.
Ilustrando los graves riesgos que las comunidades afectadas por la minería enfrentan, un estudio por la organización Proyecto Responsabilidad Corporativa y Justicia (JCAP) documentó 44 muertos, más de 400 heridos y arriba de 700 casos de criminalización en torno a conflictos mineros relacionados con 28 empresas mineras canadienses en 13 países de América Latina entre 2000 a 2015.
La Familia Abarca
La familia Abarca y las organizaciones que hacemos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minaría (REMA) esperamos la decisión del juez de la Corte Federal de Canadá en un par de meses pero lo más importante es que el Estado Canadiense hoy acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica de mi padre Mariano Abarca, así como la de otros cientos de defensores del medio ambiente afectados por la extracción minera en México, América Latina y el mundos, que las empresas mineras actúan con corrupción, criminalización y amenazan a las personas y que ante estos hechos la embajada canadiense debe negarse a apoyar los intereses económicos, no debe omitir las violaciones a derechos. Hoy esperamos que el cuerpo diplomático clarifique su papel en la promoción de las empresas en otros países y que su compromiso frente a los derechos humanos de los afectados por la minería deje de ser una opción personal o voluntaria y se vuelva una obligación congruente con sus propios estándares de responsabilidad social.
Requerimos que el estado Canadiense y el estado Mexicano se responsabilicen por la vida de mi padre Mariano Abarca y por promocionar las empresas canadienses en nuestros territorios y se comprometan a respetar, vigilar y proteger los derechos humanos y colectivos de las y los afectados por la minería, finalizo.
