A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 22 de noviembre de 2018 (muralchiapas.com).- El ex alcalde priista Enrique Arreola Moguel, dejó un adeudo de cerca de 80 millones de pesos durante su paso por el ayuntamiento de Cintalapa, denunció el edil de este municipio, José Francisco Nava Clemente.

Tras una visita al Congreso del Estado, el presidente municipal señaló que a más de un mes de llegar al ayuntamiento de Cintalapa no hubo entrega-recepción, “en Cintalapa no hubo absolutamente nada de entrega-recepción”. 

A esto, comentó que las finanzas en el municipio se encuentran estancadas por los déficits de su antecesor, donde son cerca de 80 millones de pesos de deudas entre proveedores, laudos y energía eléctrica. 

En este contexto, puntualizó que referente a los energéticos Enrique Arreola dejó un por más de 2 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad.

“Hay adeudos también, hay adeudos por más de 2 millones de pesos en Cintalapa que dejó la administración anterior”, dijo.

A lo anterior, manifestó que el municipio atraviesa por una crisis en materia económica, pero con el apoyo de la LXVII buscarán que Cintalapa pueda retomar la estabilidad que tuvo antes del 2015.

“Desde luego Cintalapa atraviesa una situación complicada, difícil más sin embargo pues vamos haciendo lo que podemos con lo poco que nos dejaron, pero pues tenemos también que pedir el apoyo aquí de nuestros legisladores. Creemos que el próximo año pueda haber alguna situación que nos favorezca”, declaró. 

El edil hizo énfasis en la falta de documentación, donde aseveró que Enrique Arreola no dejó activos, bienes inmuebles y papeleo para que la nueva administración lleve a cabo los trabajos municipales hasta el 2021.

“Totalmente encontramos una administración de cabeza, no hubo entrega-recepción, no hubo bienes inmuebles, no hubo activos, no hubo ninguna documentación sobre los trámites que hubiera en la administración, realmente no me dejaron nada”, indicó.

De esta forma, resaltó que la denuncia ya se hizo pública ante notarios, Ministerio Público y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE).

“Desde luego, entregamos la actas circunstanciadas al igual que hicimos una denuncia pública ante el Ministerio Público, así como el notariado todo lo que recibimos”, finalizó.