A. Marroquín
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 24 de julio de 2018 (muralchiapas.com).- Desplazados de forma violenta en el estado de Chiapas, ante la indiferencia del gobierno del estado de Chiapas encabezado por Manuel Velasco Coello decidieron conformar la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas (CPDECh) en la entidad chiapaneca y con ello hacer frente la situación de desamparo en la que se encuentran actualmente cientos de desplazados.
En conferencia de prensa, el defensor de derechos humanos, Diego Cadenas, explicó que durante el 2017 más de 5 mil habitantes de Chalchihuitán se vieron forzadas en abandonar el municipio por la violencia generada entre grupos de choque, fecha en donde se registró la muerte de cuatro niños por las condiciones climatológicas, unas 800 aún permanecen en 4 campamentos en las gélidas montañas de la región.
A lo anterior, mencionó que como el caso de Chalchihuitán se suman los desplazamientos de indígenas de Chenalhó, Ocosingo, Zinacantán y Huixtla, que de acuerdo a censos son aproximadamente 207 niñas y niños los que no han contado con alimentos, vivienda y educación.
Detalló que en el ejido Puebla, en Chenalhó son 254 personas indígenas tzotziles –entre ellos cuatro recién nacidos– los que persisten en la condición de desplazados.
Asimismo, estimó que en la comunidad de Tenango y Cintalapa en el municipio de Ocosingo son 71 y 36 indígenas tzeltales en condición de desplazados, caso similar al de Shulvó en Zinacantán que registra un total de 16 personas y en el municipio de Huixtla que suma un total de 67 habitantes desplazados.
El defensor aseveró que ante la omisión del gobierno del Estado y de la Federación han presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la medida cautelar MC-361-17 para que se pronuncien respecto a este caso.
En este contexto, Diego Cadenas subrayó que este problema social tiene que ser atendido de manera urgente y estricta por el Estado Mexicano.
En el caso del Ejido Puebla municipio de Chenalhó somos 254 personas indígenas tzotziles, entre ellas 61 hombres, 65 mujeres, 22 adolescentes hombres y 12 adolescentes mujeres, 42 niños y 48 niñas, y 4 recién nacidos. Fuimos desplazados por no querer votar por el Partido Verde Ecologista y por haber sido disidentes del gobierno de la presidenta municipal de dicho municipio Rosa Pérez Pérez. Esto llevó a que fuéramos perseguidos por el grupo armado que opera en el municipio y que opera en la lógica de imponer al partido verde en Chenalhó.
Comunidad de Tenango municipio de Ocosingo: somos un total de 71 personas indígenas tzeltales, 32 menores de 14 años, 10 adolescentes, 12 hombres adultos y 17 mujeres adultas. Estamos desplazados desde 23 de enero 2015 por ser Adherentes de la Sexta Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Comunidad de Cintalapa municipio de Ocosingo: Somos un total de 10 familias, 36 personas, todas indígenas tzeltales, de las cuales somos 11 mujeres adultas, 1 mujer adulta mayor y 4 niñas, 9 hombres adultos, 1 hombre adulto mayor, 7 hombres adolescentes y 3 niños. Desplazados desde marzo de 2009, por ser Adherentes de la Sexta Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Comunidad de Shulvó municipio de Zinacantán: un total de 16 personas, todas indígenas tzotziles, 6 hombres, 5 mujeres, un hombre adolescente, una mujer adolescente, dos niñas y un bebe. Desplazados desde el 9 de diciembre de 2015, por ser bases de apoyo del EZLN.
Desplazados y desplazadas del municipio de Huixtla: somos un total de 67 personas, 20 hombres, 29 mujeres, 9 niños y 9 niñas. Desplazados a causa del Huracán Stan desde el 5 Octubre de 2005.
Con el apoyo del CDH Ku’untik, los casos de Ejido Puebla Chenalhó, Cintalapa Ocosingo y del municipio de Huixtla han sido presentados ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En el caso de Ejido Puebla, la CIDH ya emitió la medida cautelar numero MC-361-17 mediante las resolución 13/2018. Estamos en espera de que dicha organismo internacional de derechos humanos se pronuncie respecto a los casos de Huixtla y Cintalapa. En el caso de Shulvó estamos agotando los recursos internos para estar en posibilidades de acudir a la CIDH, y en el caso de Tenango estamos próximos a presentarles nuestro caso.
