Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 14 de marzo de 2018 (mc).- Cuatro tzotziles se sumaron hoy a la huelga de hambre indefinida que seis más iniciaron el lunes afuera del palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir retorno seguro y garantizado a su comunidad de origen Puebla, asistencia humanitaria y excarcelación de Javier Cruz López y José Cruz Gómez, padre e hijo respectivamente, informó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik.
Cada tres días se integrarán a la huelga de hambre cinco indígenas más, ante “la cerrazón” y falta de respuesta del gobierno estatal a sus requerimientos. Gordillo Cadenas agregó, en rueda de prensa, que el lunes iniciaron la huelga de hambre, Ezequiel Cruz López, de 22 años; Araceli Cruz López, 23; Romeo Cruz López, 26; Alonso Gutiérrez Cruz, 34, Bersaín Hernández Cruz, 18, y Miguel López Santiz, de 35 años.
De acuerdo con el plan de acción, hoy se integraron al movimiento Elías Gutiérrez Cruz, de 31 años; Santiago López Arias, 34; Eduviges Sántiz Cruz, 21 y Eva Hernández Cruz, de 29 años. Los huelguistas son parte de los 249 tzotziles de Puebla que hace días establecieron un plantón en zócalo, a un costado de la sede del Ejecutivo Estatal, en demanda de retorno comunitario digno y seguro, de donde fueron expulsados en mayo de 2016 por la violencia política poselectoral en la zona.
Cadenas Gordillo, defensor jurídico y experto en derechos humanos, dijo además que la Sala Mixta del Poder Judicial del estado, en San Cristóbal de las Casas, difirió un mes aún la audiencia para la resolución jurídica de Cruz López y Cruz Gómez, sentenciados a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio.
Por la falta de determinación judicial, los 249 desplazados permanecerán en la manifestación por tiempo aún no definido, indicó el director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik.
Los sentenciados, precisó el activista, fueron acusados de homicidio el día que fueron agredidos, cuando volvían del nombramiento del presidente sustituto Miguel Santis Álvarez; ahí murió Guadalupe Cruz Hernández, quien fue asesinado frente a sus familiares.
Derivado de esos hechos violentos, el defensor legal aseguró que los tzotziles logren retornar se requiere el cese “de la fuente de amenazas”, la cual sólo ocurrirá cuando se integren órdenes de aprehensión en contra de los agresores, pero éstas, pese al tiempo transcurrido, no las solicita la Fiscalía General del Estado.
Así que urge “desarticular al grupo de corte paramilitar, que viene de 1994, que también participó en la masacre de Acteal, y permanece activo en el contexto electoral y beneficia ahora Rosa Pérez, la alcaldesa de Chenalhó", sostuvo.
Diego Cadenas denunció que después de un año y nueve meses del éxodo forzado, los 249 indígenas se encuentran en condiciones precarias y sobreviven con ayuda solidaria ciudadana, porque el gobierno incumple con la ayuda institucional. En el grupo se encuentran 116 niños que no asisten a clases y 5 bebés que nacieron fuera de la comunidad.
Cadenas Gordillo agregó que el gobierno no garantiza los apoyos básicos de vivienda, salud, educación, alimentación y acceso a la justicia para las familias que sobreviven en cuartos rentados en San Cristóbal de las Casas. Las autoridades incumplen los ordenamientos y principios que rigen el desplazamiento forzado interno, establecidos por las leyes del país y los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
